La izquierda calienta motores contra Ayuso con la inmigración como principal arma arrojadiza
La presidenta regional prevé reunirse con los portavoces de la Asamblea de Madrid en las próximas semanas
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Madrid
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Iniciar sesiónLos diputados de la Asamblea de Madrid se toman con mucha calma su vuelta a la actividad parlamentaria. El 19 de junio celebraron el último Pleno antes del verano. Ese día también se produjo el último cara a cara entre Isabel Díaz Ayuso y ... los portavoces de la oposición. En la primera semana de septiembre, el Parlamento regional se desperezará con una junta de portavoces el miércoles, día 3, y poco más. Y no será hasta la siguiente semana cuando los diputados por fin se activen plenamente, con el Debate sobre el estado de la región, los días 11 y 12.
En este comienzo de mes ni siquiera está prevista la habitual ronda de reuniones de la presidenta Ayuso con los portavoces parlamentarios. El año pasado se llevó a cabo en la primera semana de mes, pero en esta ocasión podría retrasarse hasta después del Debate del estado de la región, según fuentes de Sol, lo que evitará que los representantes de Más Madrid, PSOE y Vox tengan un foco informativo extra justo antes de esa importante cita parlamentaria.
A falta de agenda en la Asamblea de Madrid, el debate político calienta motores fuera de ella. La izquierda está afilando ya sus 'cuchillos' para recibir a Ayuso en el Parlamento regional, con la inmigración como principal argumento para tratar de desgastar a la presidenta autonómica.
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El secretario general del PSOE de Madrid y ministro, Óscar López, acusó a la presidenta Ayuso de actuar con «racismo puro» y advirtió de que «no puede ser que sea un problema acoger a menores africanos». Ayuso había denunciado la «amenaza» del Gobierno de Sánchez de «imponer por la fuerza» a las comunidades autónomas un reparto de menores inmigrantes «sin procedimiento ni diálogo».
«Yo acuso a la presidenta de la Comunidad de Madrid de racismo. De racismo puro. No se puede presumir de tener un centro, como hay en Pozuelo, donde hemos acogido a cientos de menores migrantes de Ucrania y a continuación plantear su cierre cuando los migrantes son africanos», aseguró el ministro López, quien no mencionó que ese centro de Pozuelo está habilitado para acoger a refugiados, y no a menores extranjeros no acompañados.
La vicepresidenta María Jesús Montero respaldó las palabras de su compañero en el Consejo de Ministros y aseguró que «lo que está queriendo decir» Óscar López «es que la posición del Partido Popular es xenófoba. Y lo es».
El número dos de Ayuso en el PP de Madrid, Alfonso Serrano, fue tajante al decir lo que le importaba que Óscar López les llame racista: «La izquierda alimenta deliberadamente un discurso irresponsable. Que alguien del PSOE nos llame racistas es algo que nos resbala absolutamente». También la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, replicó que «no hay nada más racista que mercadear con los menores» inmigrantes para excluir a Cataluña y el País Vasco del reparto «maquillado de solidaridad por razones políticas».
El debate sobre el fuego
Los incendios también son protagonistas en el debate político ante el inicio de curso. El ministro Óscar López envió otro mensaje a la Comunidad de Madrid, al mismo tiempo que eximía de responsabilidades al Gobierno de Sánchez: «Que dejen de echar balones fuera. Es el Gobierno de Ayuso el que debe hacerse cargo de las condiciones de los bomberos forestales de la comunidad. En el fondo lo que pasa es que no son capaces de gestionar nada». Después de arremeter contra la derecha por «alimentar bulos» y aplicar recortes de los servicios públicos, aseguró que es necesario «un acuerdo de país para combatir el cambio climático y reforzar la cooperación entre administraciones».
López trató de argumentarlo así: «Si quiere mejorar las condiciones de esos brigadistas que trabajan para Tragsa [empresa pública estatal], pero que están contratados para la Comunidad de Madrid, tiene que mejorar sus condiciones. Por lo tanto, no es un asunto del Gobierno de España. No es un asunto de Tragsa, es un asunto de la Comunidad de Madrid, que tiene que ser quien mejore las condiciones de esos trabajadores».
Desde el Gobierno regional replican que el nuevo convenio que propone la Comunidad supone cuatro millones de euros más, «pero los sueldos los marca Tragsa porque son sus empleados».
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