El Ayuntamiento de Madrid concede licencia de actividad al polémico albergue del Parque de las Avenidas, pese a las quejas vecinales

Escasos días atrás el delegado del área, Borja Carabante, sugería a la vecindad del hostal del entorno del Parque de las Avenidas a explorar la vía civil. «Los vecinos tienen otra vía, no sólo la administrativa del Ayuntamiento de Madrid, sino también la civil». Esto es así porque los estatutos de su comunidad de vecinos «impiden el establecimiento de este tipo de actividad», recordaba.

El consistorio, en base a sus competencias, dictó en su momento una orden de cese de la actividad, de la que se dio traslado al propietario para que hiciera las alegaciones que correspondiera. Además dieron traslado tanto de la petición de licencia como del resto de las actuaciones a los vecinos para que pudieran presentar alegaciones, «una cuestión que no es obligatoria, pero que en este caso se ha hecho para que no se vulnere ningún derecho y para que los vecinos pusieran de manifiesto sus opiniones», resaltaba Carabante.

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«Los vecinos no entendemos que alguien pueda abrir sin licencia y que ahora se le otorgue y no se sancione. No se descarta ampliar las denuncias a distintos eslabones de la cadena de este sinsentido, ni acudir a lo penal y acusar de prevaricación a quien esté permitiendo la apertura del albergue firmando documentos e inspecciones que incluían errores constatados», denuncian los afectados.

«Es una vergüenza. Y él, un cara dura», expresaban a finales de septiembre, cuando se volvió a reabrir el hostel de manera ilegal, los vecinos del barrio de la Guindalera a este periódico. Se dirigían al egipcio Ibrahim Mohamed Zakaria, el propietario del mencionado albergue turístico y empresario con otro hostal en Pacífico (distrito de Retiro) y en el barrio de Portazgo (distrito de Puente de Vallecas), investigado hace menos de tres años por presunto tráfico de personas. «Montó el negocio [un hostal para acoger a inmigrantes en situación de emergencia] a espaldas de la comunidad de vecinos. Un agravante importante es que el local no reúne las condiciones necesarias de habitabilidad». Entre las supuestas irregularidades, señalaban que la salida de emergencia no es operativa y que el proyecto incumple los estatutos de las comunidades afectadas –que prohíben este tipo de negocios–.

A principios de julio, el delegado de Urbanismo se reunió con los vecinos para informarles sobre el requerimiento enviado al hostal. Según detalló entonces, el consistorio había detectado «algunas deficiencias subsanables» en el establecimiento, al que se le ha requerido que se ajuste a la licencia concedida, ya que «ampara la actividad turística, pero no el hospedar refugiados o personas pendientes de asilo». A finales de septiembre, desde el Ayuntamiento de Madrid aseguraban que el polémico local seguía sin contar con la licencia adecuada de apertura (de primera ocupación y de funcionamiento), «por lo que tiene que estar cerrado».

Hace unos días, Carabante advirtió que si el albergue cumplía todas las condiciones se le tendría que otorgar la licencia de actividad, «como es lógico», y luego debería ser ratificada por la Comunidad de Madrid, que es quien verifica que las condiciones de la prestación del uso turístico se cumplen.