Los acusados de comprar 100 kilos de cocaína de las FARC en Torrejón quedan en libertad

La Sala de lo Penal del TS ha emitido su fallo, al que ha tenido acceso ABC, a finales de octubre. Los tres sujetos condenados habían presentado recursos de casación después de que el Tribunal Superior de Justicia rechazara los de apelación presentados en 2023 y ratificara la sentencia original. Todo comenzó cuando, durante una investigación conjunta entre la Udyco Central y las autoridades de Colombia, se tuvo conocimiento de la entrega controlada de 751 paquetes de cocaína incautados a las FARC tras un dispositivo especial en el que también participó la DEA estadounidense. Tuvo lugar el 16 de octubre de 2021 en la zona del César, en el país suramericano.

Los investigadores tuvieron conocimiento del deseado traslado a España de la droga por parte de los narcoterroristas, destinada a tres organizaciones criminales, distribuida en 400, 250 y 101 paquetes. Y así fue como el fiscal jefe Antidroga de la Audiencia Nacional autorizó la participación de seis agentes encubiertos para la vigilancia del alijo. Finalmente, el que localizaron era el más pequeño de los tres. La cocaína llegó en un vuelo de Iberia desde el aeropuerto de El Dorado (Bogotá) hacia el de Madrid Adolfo Suárez-Barajas.

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Los encausados, de origen colombiano pero con DNI o residencia española, según el caso, tienen 60, 52 y 40 años. Les constaban antecedentes penales, pero no computables a efectos de reincidencia. Según el fallo inicial, se concertaron para trasladar y distribuir la cocaína a terceros. Esa primera parte del proceso la realizaron de una manera muy curiosa, mediante mensajes por la aplicación Signal y el envío de una fotografía de un billete español con un número de serie concreto, lo que se conoce como un 'token'. El primer contacto con los policías encubiertos se produjo el 13 de noviembre.

Al día siguiente, uno de los infiltrados envió un mensaje al número facilitado por otro narco, quedando a las siete de la tarde con un tal Manolo (que no ha sido identificado) para la siguiente tarde en el local Café y Té del centro comercial Plenilunio (San Blas-Canillejas). Dicho y hecho, los dos policías que acudieron vieron a ese hombre esperándoles y les mostró un billete de 20 euros con el número de serie pactado. En ese momento, los policías quedaron en que les mostraría la cocaína para comprobar su calidad y llevarse muestra, y Manolo les dio el número de Antonio, que sería el encargado del transporte.

El 15 de noviembre, uno de los agentes recibió el siguiente mensaje: «Buenas noches, amigo. Le puedo pedir el favor de que se comunique con Antonio, ya que a Manolo se le presentó una emergencia familiar a última hora. Él también es parte del equipo y es de confianza al 100%. Por favor, al saludarlo escribe el siguiente 'token'». Se refería, en este caso, a un billete de 10 euros.

La segunda cita, ya con Antonio (que resultó ser el cabecilla de los tres condenados), se cerró para el 16 de noviembre, a las cuatro de la tarde, en las inmediaciones de la estación de Cercanías Soto del Henares (Torrejón de Ardoz). Allí se subieron en una furgoneta Ford Transit uno de los acusados, conocido en el mundillo como el químico, y dos de los agentes infiltrados, desplazándose a una nave en la calle de la Charca de los Tres Peces, en la ciudad del Corredor. Allí estaba la droga y Antonio se llevó muestras suficientes para la verificación de su calidad con el resto del grupo y, así, recoger lo que quedaba más adelante y luego venderla.

El día 29, los narcos escriben a uno de los funcionarios policiales: «Hola, señor. Es para decirle que ya las facturas han sido canceladas y, por favor, comuníquese a este número para coordinar la entrega». El 2 de diciembre, a las 11.30, se produce un nuevo encuentro en la cafetería de Plenilunio, previa muestra en persona del billete: «Me gustaría recoger la cocaína mañana. Iremos en dos vehículos, los conductores son de confianza, pues llevamos más de diez años trabajando juntos».

Ese día fue el 3 de diciembre, cuando los otros dos narcos llegaron en una furgoneta Iveco de una tercera persona que nada tenía que ver con los hechos. Habían cargado electrodomésticos viejos y, a las 10.40 horas, llegaron a la nave. Allí, fueron introduciendo el alijo en mochilas que luego metían en los electrodomésticos, para mantenerlo oculto. Los 101 kilos pesaban 101,254 gramos, con una riqueza media del 78,2%. Su precio en el mercado negro ascendía a casi 4 millones de euros. Los traficantes entregaron una 'entrada' de 37.500. Pero entonces se llevaron la sorpresa de que acababan de caer en la trampa del gato y el ratón, y quedaron detenidos.

Los tres condenados en 2023 por la Audiencia de Madrid presentaron sus recursos ante el Supremo. Uno de ellos, al apreciar que aquello fue un delito en grado de tentativa y al no existir, a su juicio, requisitos para probar la pertenencia a grupo criminal. El segundo argüía lo mismo, mientras que el letrado del último, de Teijelo Abogados, lo hacía por infracción de precepto constitucional e indefensión, entre otros asuntos. También argumentaba que se trataba de un delito provocado que vulneraba la presunción de inocencia, así como la falta de consumación del delito contra la salud pública. Es más, motivaba que «no queda acreditada la existencia de la droga». Alegaba, asimismo, la atenuante de toxicomanía. La Fiscalía pedía la desestimación de los recursos.

El Tribunal Supremo rechaza ahora que se trate de un delito provocado por la Policía; es más, avala su actuación. De hecho, afirma que el truco de los billetes 'token' para comunicarse demostraría que «la provocación vendría por quien los facilita»: «Es el recurrente quien conoce cómo le fue facilitado el billete y en qué condiciones». Dicho de otro modo, el TS considera que el rol del agente encubierto en las comunicaciones es «pasivo», pues «solo actúa o contacta con los acusados cuando estos ya han accedido a participar en el tráfico de la partida de droga».

Finalmente, los cinco magistrados de la Sala de lo Penal dicen que todo se trata de una «tentativa idónea» y lo deja todo en delitos contra la salud pública en tentativa.