Unos 120.000 funcionarios harán dos horas y media más a la semana

Muchos empleados públicos de la Comunidad de Madrid tienen una jornada de 35 horas semanales. Por lo tanto, trabajarán dos horas y media más y se equiparan así, por ejemplo, con los funcionarios docentes que ya tienen esas 37,5 horas de jornada laboral.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, explicaba ayer que, en efecto, se iguala la jornada laboral de todos los empleados públicos en 37,5 horas semanales y se fijarán en seis los días de asuntos propios o libre disposición, ajustándose así al Estatuto Básico del Empleado Público. En la Comunidad de Madrid se calcula que existen unos 170.000 trabajadores en el sector público.

La medida de trabajar dos horas y media más a la semana afectará, según cálculos oficiales, a cerca de 120.000 empleados. Al trabajar 37,5 horas y media toda la plantilla, las arcas regionales se ahorrarán 83 millones de euros anuales. Al mismo tiempo, la productividad se incrementará en 12 millones de horas al año.

Otra de las medidas: mejorar el control de las bajas laborales, excepto las de maternidad y accidente laboral. El objetivo del PP es reducir el absentismo laboral en un 40% .

Para conseguirlo, se modificarán los complementos económicos para el sector público que aporta la Comunidad de Madrid en el supuesto de incapacidad temporal del trabajador por enfermedad común entre el 4º y 15º día de baja. Fuentes oficiales explican que, ahora, la Seguridad Social aporta el 60% del sueldo de un trabajador con baja superior a tres días e inferior a quince. El Gobierno regional cubría el resto, hasta el 100%.

Esta medida afectará a 32.000 trabajadores públicos, en su mayoría personal laboral de la Administración y empresas públicas. Se busca, con todo ello, un ahorro próximo a los 25 millones y, también, la contención del absentismo laboral y el incremento de la productividad. Según los últimos datos de que dispone el Gobierno regional, el absentismo entre el 4º y el 15º día de baja se duplica en los empleados de la Administración regional respecto a los de la empresa privada.

Y añade el Ejecutivo autonómico que, el año pasado, la Administración regional perdió con estas bajas 3 millones de horas (el equivalente a la jornada completa de 20.000 trabajadores en un mes), un 11% del total de horas trabajadas. En la empresa privada se pierde de media un 6 %.

La tercera de las medidas propuestas tiene que ver con la eliminación de organismos públicos. También para ahorrar. Ahora se propone desprenderse del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Agencia Madrileña para la Emigración.

Cuarta medida importante: modificar las deducciones por gasto educativo en el Impuesto de la Renta. De acuerdo con la propuesta que presenta el PP, se ampliará el tramo de edad deducible al segundo ciclo de la Educación Infantil, es decir de los 3 a los 6 años. Hasta ahora el tramo deducible era desde el primer curso de Educación Primaria (6 años) hasta el último de la Educación Secundaria Obligatoria (16 años). En definitiva, podrán deducirse los que tengan hijos entre los 3 y los 16 años.

Por otra parte, y esta es otra enmienda, el PP pretende eliminar la obligatoriedad por parte de los establecimientos de contar con una licencia específica para vender bebidas alcohólicas. Se eliminan también las restricciones en establecimientos ubicados en gasolineras.

«Tiendas de chinos »

Las «tiendas de chinos» —que han reivindicado una segunda licencia para poder vender alcohol, aunque ya lo estuvieran haciendo, a escondidas—, también se benefician de esta medida aunque, claro está, podrán despachar alcohol a mayores de edad y en el horario legalmente establecido de hasta las 10 de la noche.

Entre las propuestas de mayor calado, también se encuentra una por las que las farmacias dispondrán de mayor flexibilidad de horario comercial, garantizando, en todo caso, los horarios mínimos de apertura y de guardias que hoy existen. Se trata de mejorar el acceso de los consumidores a los medicamentos y artículos farmacológicos. También hay otra en la que se pretende mejorar la competitividad del tejido industrial madrileño eliminando las aportaciones de redes generales para suelo industrial.