El TSJM rechaza adoptar las medidas cautelares contra la ordenanza de movilidad de Almeida que solicitó Vox

«En el presente caso es evidente que no concurre ninguno de los supuestos acuñados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo para adoptar la medida cautelar en base a la apariencia de buen derecho», argumenta el juez. Además, se subraya que la jurisprudencia «es especialmente restrictiva a la hora de acceder a la suspensión cuando la petición afecta a disposiciones generales, supuesto en el que la valoración del interés público adquiere singular relieve pues existe un indudable interés público en la aplicación de las normas que se promulgan para integrarse en el ordenamiento y ser cumplidas por todos los afectados».

El TSJM ya desestimó el mes pasado las cautelarísimas al tratarse de una alegación que no fundamentaba que se pudieran producir efectos tan inmediatos que tornaran en irreparables los perjuicios o en irreversible la situación provocada por la aplicación de esta ordenanza.

La formación que lidera Javier Ortega Smith en Cibeles pedía que se adoptara la medida cautelar de suspensión de la ordenanza recurrida e invocaba la apariencia de buen derecho (fumus bonis iuris) al considerar la nulidad de la ordenanza por la nulidad en la constitución del Grupo Mixto Municipal. Hacía referencia del mismo modo a la nulidad del Pleno de 7 de septiembre, modificación de composición de las Comisiones, admisión de enmiendas y la nulidad del acuerdo por «insuficiencia de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo».

Alegaba también la difícil reparación de las consecuencias sociales y económicas que la aplicación de la ordenanza tendría. En ese sentido, el TSJM ha advertido de que la parte recurrente «no concreta en qué se materializarían esos perjuicios que se dicen irreparables no siendo suficiente con argumentar genéricamente que se producirían perjuicios de entidad, sin concretar e individualizar tales».

En lo que se refiere a la nulidad por la nulidad de la constitución del Grupo Mixto (los cuatro concejales escindidos de Más Madrid cuyos cuatro votos fueron clave para aprobar la ordenanza) señala que esta cuestión ya se encuentra en proceso judicial mediante dos procedimientos (por Vox y Más Madrid), ambos sin resolver. El Grupo Municipal de Vox también esgrimía «irregularidades» para la nulidad del acuerdo por insuficiencia de la memoria de análisis de impacto normativo de la ordenanza.

El Ayuntamiento de Madrid tiene «la plena seguridad jurídica de que la tramitación se ha llevado a cabo de manera adecuada y con la preceptiva información pública». Contiene, aseguran, «todos los informes de impacto normativo y también el informe de impacto presupuestario que establece la Ley de Bases de Régimen Local».