La polémica del hermano de Ayuso eclipsa la agenda de la Asamblea de Madrid

Ninguno de estos dos asuntos tuvo trascendencia. De la sesión plenaria solo quedó el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid de presentar una denuncia ante la Fiscalía por doce contratos del Gobierno de Sánchez durante la pandemia. Un golpe de efecto de Ayuso para descafeinar una sesión de control, en la que la izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) quería acorralarla con preguntas sobre la polémica relación de su hermano con el contrato adjudicado a Priviet Sportive por 1,5 millones de euros para traer 250.000 mascarillas durante la pandemia. Tomás Díaz Ayuso cobró 55.000 euros en concepto de intermediación, dentro de la legalidad, según defiende la presidenta.

Lo que sucedió la semana pasada es un ejemplo de lo que se repite prácticamente todos los jueves, día en el que se celebra el pleno ordinario, en la Cámara regional. Todos los puntos del orden del día quedan sepultados por la bronca política que se repite a primera hora de la mañana en el cara a cara de Ayuso con los portavoces parlamentarios, con réplicas en otras intervenciones a lo largo del día entre los segundos espadas. Es la tónica que puede extenderse en lo que queda de legislatura, hasta mayo de 2023 , cuando se celebren nuevamente las elecciones autonómicas. Todos sus proyectos estrellas han dejado de tener trascendencia en la Asamblea y solo el termómetro de las relaciones con Vox suscita algún interés.

Una parte de la izquierda, sobre todo Más Madrid y Unidas Podemos , admiten a ABC que no van a soltar el anzuelo de la corrupción en los catorce meses que quedan de legislatura, que se pueden quedar reducidos a nueve o diez en la Asamblea si se descuentan los periodos inhábiles de verano y Navidad. El PSOE admite su «aburrimiento» por esta cuestión y ya en la próxima sesión de control no preguntará a Ayuso sobre corrupción sino «por temas que afectan a la vida de las personas». El PP advierte del error de que la oposición se quede varada en esta polémica: «Nuestra obligación es hablar de las cosas importantes de Madrid, si la izquierda no quiere, allá ellos».

La posición más contundente la sostiene la líder de la oposición, Mónica García, al asegurar a ABC que mantener vivo el contrato del hermano de Ayuso y la contratación en la pandemia por parte del Gobierno de la Comunidad «no es parte de una estrategia política sino de la decencia democrática»: «Esto no es un anzuelo, es una cosa que ha pasado gravísima que, en un ambiente que se han normalizado este tipo de cosas, puede pasar desapercibido. Sigue siendo igual de grave que el primer día y será igual de grave que dentro de un año». García cree que «la legislatura va a ser de titulares huecos, de casos de corrupción y de un bajo nivel de actividad política» porque, sostiene, todas sus iniciativas «han sido votadas en contra por el PP».

Desde Unidas Podemos, su portavoz, Carolina Alonso , admite que van a hacer su trabajo «como oposición, seguir fiscalizando los contratos», ya que entiende que «este tema es de vital importancia porque estamos hablando de muchos millones de euros que no han ido a la Sanidad, a la Educación o a las Políticas Sociales, no es un tema menor».

Los socialistas mantienen una posición menos beligerante que el resto de la oposición de izquierda. El portavoz del Grupo Socialista, Juan Lobato, admite su «aburrimiento» por un tema que protagoniza los plenos de la Asamblea. Por ello, y a pesar de estar convencido de que Ayuso «tiene que dar la cara» y «hay que exigirle que se someta a la fiscalización política, si quiere asumir el coste de no dar la cara, ella sabrá». Afirma que, en su caso, en la sesión de control al Gobierno de este jueves en la Asamblea abordará otras cuestiones: «Hay muchos temas, muchos problemas y retos en Madrid. Yo la semana que viene voy con preguntas con temas de agricultura, alimentación, de sostenibilidad ambiental». Lobato admite que le «gustaría que se reflejaran mediáticamente temas como la sanidad pública, la agenda 2030 y qué cambiar estratégicamente en Madrid con los fondos europeos».

El portavoz del Grupo Popular, Alfonso Serrano , vaticina que «a la oposición se le va a acabar el chollo» de centrar la oposición en esta cuestión «si la Fiscalía» archiva la denuncia, «como ha archivado las otras diecisiete»: «A lo mejor son otros los que van a tener que dar explicaciones y pedir disculpas».

El diputado popular asegura que «si su única alternativa es atacar a la presidenta y al gobierno», está claro que tienen una oposición «muy limitada». A su juicio, la obligación y la responsabilidad de los populares «es recuperar el pulso y el impulso a la comunidad y que se hable de los temas que importan a la gente, como fiscalidad y leyes educativas».