El plan de rescate de los ayuntamientos suelta lastre y reduce la burocracia

El PIR es, en cierto modo, un maná que le cae a los municipios para poder acometer esas inversiones que, de otro modo, no tendrían capacidad de afrontar. Pérez daba cuenta hace unas semanas de la entrega a 23 municipios del sureste de todos los importes solicitados para gasto corriente, y del alta de obras solicitadas por valor de 31 millones de euros. Para asuntos como la remodelación de la piscina de Ambite, la consolidación de suelos en Carabaña, la adecuación de diferentes vías en Orusco de Tajuña, o un tanatorio y crematorio muncipal en Arganda del Rey.

Pero en muchos casos, lo que los ayuntamientos –en especial los pequeños– más necesitan es liquidez para los gastos de cada día. Por eso acaba de ampliarse la posibilidad de destinar una parte de ese dinero a gasto corriente: ha pasado del 25% al 50% del total que se reciba, como «muestra del compromiso de la presidenta Ayuso con el mundo local», explicaba el consejero Pérez.

En el caso del PIR 2016-2019, su grado de ejecución ha sido tan bajo que los actuales responsables del programa van a prorrogarlo durante 2020. Los retrasos son, a juicio de los alcaldes, su punto flaco. Como explica a ABC Ángel Sánchez (PSOE), regidor de Morata de Tajuña (7.482 habitantes), «aún tenemos cosas pendientes del antiguo PRISMA» –el antecesor del plan PIR–, «del periodo 2008-2015». También critica que «son una cierta injerencia en la autonomía del municipio, una forma de dirigir desde la Comunidad».

Muchas veces, la ayuda para una obra tarda tanto en llegar que los municipios se replantean su estrategia. «Nosotros íbamos a gastar todo en inversiones, que es el espíritu del plan, pero nos estamos planteando pedir más para gasto corriente , y el dinero que te ahorras así en el presupuesto, dedicarlo a inversiones pero gestionadas directamente por nosotros», explica.

Un punto de vista bastante aproximado es el que defiende Juan Antonio Sanz (Centro Independiente Democrático Campeño), primer teniente de alcalde de Campo Real (6.000 habitantes): «El mayor problema que tiene el PIR es que burocráticamente, los expedientes tardan mucho en avanzar». Existe la posibilidad de que los municipios cedan la gestión a la Comunidad, en cuyo caso ésta pone el 90 por ciento y el ayuntamiento aporta solo el 10 por ciento; o ejecutar por el propio Consistorio, pero aportando entonces éste un 25 por ciento del coste de la obra. «A los ayuntamientos con economías complicadas no les queda más remedio que encomendarlo a la Comunidad, con lo que perdemos el control de esas obras», lamenta.

Para salvar el obstáculo de la burocracia, están decididos también a aprovechar la posibilidad que se ha abierto de pedir una parte mayor de los fondos para gasto corriente. «Ha sido un balón de oxígeno», reconoce, porque «los gastos son los mismos, y los ingresos que antes nos llegaban por la construcción ahora no se producen».

Poder utilizar parte de los fondos para los gastos corrientes «ha supuesto un alivio», ratifica la alcaldesa de El Molar (8.600 habitantes), Yolanda Sanz (Ciudadanos) . Encuentra el mismo obstáculo que sus colegas: «Se tarda mucho en las altas definitivas: nosotros llevamos más de un año esperando para dos de ellas». No obstante, reconoce que sin el PIR «para El Molar hubiera sido imposible acometer esa inversiones». De hecho, ya tiene pensadas las que va a solicitar en el siguiente: «Sobre todo, mejorar la accesibilidad de las calles del casco antiguo».