«Mejor vivir en un parque, que tener miedo a morir fusilado»

El patriarca, de 50 años, solo habla árabe. Tiene siete hijos y son los más pequeños los que hacen de traductores en un «chapurreado» francés. El idioma es la mayor de sus barreras. En Siria los niños iban al colegio y tenían todos los días un plato caliente, según su relato. «Pero teníamos miedo. No era vida», prosigue Mohammad mientras muestra todos los papeles que guarda en una pequeña carpeta negra, convertida en su más preciada posesión. En ella están todos los documentos emitidos a las autoridades españolas desde 2017: peticiones de protección internacional, próximas citas para resolver el asilo –en octubre–, resguardo del nacimiento de sus hijos y nueve tarjetas rojas . Son los Números de Identidad de Extranjero, su documento oficial en España, pero están caducados desde marzo de 2018. Esto les impide trabajar en nuestro país. Es más, la «carte rouge», como la llama él y que muestra con orgullo esperando a que se resuelva su problema, indica que tan solo se pueden establecer en Melilla , ciudad en que solicitaron refugio tras huir de Siria, pasar varios años de periplo por el desierto y otra temporada más en una destartalada cabaña del norte de Marruecos. En Madrid, Mohammad y su familia no solo son invisibles, sino también ilegales.

Después de instalarse en la ciudad autónoma, se escaparon a Francia para que su mujer, Arneh, tuviese a su último hijo, de tan solo un año. «Se llama como yo», dice y, por primera vez, en su rostro se dibuja una pequeña sonrisa. Pero el país galo decidió expulsarlos, tanto a ellos como a las demás familias que ahora están en el parque del barrio de la Concepción . «Les dieron 45 días para consumar la extradición», explican fuentes de la comisaría de Ciudad Lineal, cuyos agentes acuden hasta el enclave para comprobar el estado en el que se encuentran. En cumplimiento del acuerdo de Dublín , todo refugiado debe permanecer en el país por el que entró a la Unión Europea. En caso de que decidan irse a otro, este tiene la potestad de devolverlo . España, en cambio, no puede extraditarlos a Siria por la situación humanitaria.

El Ayuntamiento, por su parte, mantiene ya conversaciones con el Gobierno , competente en cuestiones de refugiados, sobre la coyuntura de estas 80 personas.Fuentes de la concejalía de Familia, dirigida por Cs, aseguran a este diario que «se resolverá en cuestión de días ». «Hay niños y personas muy vulnerables, por eso estamos viendo con qué recursos contamos», indican, aunque dudan si los afectados aceptarán algún alojamiento : «Formalmente, no lo han solicitado al Samur Social».

Mientras Mohammad y los mayores relatan los últimos años de sus vidas, las mujeres hablan bajo las sombras que proyectan los árboles o tienden ropa en los arbustos. Algunos de los pequeños corretean por el césped hacia una fuente. Descalzos, han convertido los diminutos charcos que se forman con el agua en su mejor pasatiempo. «Quiero ser profesora», dice Rahaf, a quien con 8 años le han inculcado que «este viaje» será para tener un « futuro mejor ».

No es la primera vez que en el recinto ocurre esto. En 2017, 70 personas permanecieron dos semanas en el lugar. Al igual que ahora, llegaron a España por Melilla huyendo de la guerra.Dejaron atrás el ruido de metralla, pero convirtieron su presente en un tiempo incierto, en un país desconocido y con un idioma cuyas palabras ni siquiera pueden pronunciar.