Un juez anula la licencia que permitió construir una capilla en honor a la vidente de El Escorial

Un grupo de partidos y colectivos presentaron en 2013 un recurso judicial contra la concesión de la licencia a la citada instalación religiosa al entender que no cumplía la normativa al tratarse de terrenos no urbanizables de especial protección e implicar un daño medioambiental irreparable.

Amparo Cuevas, supuesta vidente que aseguró que se le había aparecido la Virgen en Prado Nuevo hace más de treinta años, murió el 18 de agosto de 2012. El funeral por el fallecimiento tuvo lugar, dos días después, en una capilla construida en Prado Nuevo, un recinto inaugurado ese mismo día. El cardenal y arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, aprobó en abril de ese mismo año la construcción de una capilla en Prado Nuevo y en junio el Ayuntamiento de El Escorial autorizó la edificación, de forma «provisional», según explicó entonces el consistorio.

No obstante, meses después el Ayuntamiento de El Escorial abrió un expediente por el sepelio alegando que había autorizado de forma provisional la capilla pero no la presencia en ese lugar de los restos mortales de la fallecida. Entonces, pidió información a la familia de la fallecida y a los propietarios de la finca de Prado Nuevo sobre el «estado del cuerpo». El fin de este expediente, ha explicado el Gobierno local, es la aclaración de los hechos y la «restitución de la normalidad».

Con la sentencia conocida ahora, el juez anula las licencias tras recalcar que el suelo en el que se ubica la capilla se ubica en suelo no urbanizable de especial protección en grado 1; que no obtuvo otra calificación urbanística previa a la licencia provisional; y que el uso dado a la capilla no se puede considerar un servicio público de titularidad de la administración territorial.

La sentencia esgrime que las licencias provisionales solo pueden otorgarse para fines compatibles y condiciones compatibles con la determinación urbanística. Y concluye estimando los recursos al considerar que sin esa calificación urbanística no se puede autorizar un título de uso , sea provisional o definitivo, en un suelo no urbanizable de especial protección. El juez impone el pago de las costas, de 1.200 euros, a las partes demandadas, que pueden presentar recurso de apelación en quince días desde la notificación del auto.