Los feudos débiles del PSOE en Madrid, un año después de su victoria el 26-M

Apenas inaugurada la legislatura, tres meses después de la constitución de los ayuntamientos, la tranquilidad de los socialistas saltó por los aires en el segundo municipio más poblado de la Comunidad de Madrid, pieza clave del conocido como cinturón rojo. Posse colocó a su hermana como responsable de redes sociales en Móstoles, con un salario de 52.000 euros al año , y entonces se descubrió que el nepotismo era una de las formas habituales de contratación en el Consistorio.

«El miedo a perder Móstoles era evidente, nos hizo mucho daño», valora un antiguo edil socialista de la zona sur. Casi una decena de enchufes conocidos, algunos revocados por un tribunal, dejaron a la alcaldesa contra las cuerdas. Aunque Posse fue reprobada en el Pleno y Más Madrid rompió su pacto de Gobierno con ella, se aferró al cargo y todavía hoy no ha dimitido.

Precisamente ahora el culebrón da los primeros pasos de su segunda temporada. A falta de nuevos dedazos, el presupuesto municipal está en el aire porque Posse se resiste a retirar un plus salarial al gerente de Urbanismo, justamente el nombramiento anulado por la Justicia por no cumplir con los requisitos del puesto. ABC detalló esta misma semana que Más Madrid Ganar Móstoles se ha alejado de nuevo de la regidora y no apoyará las cuentas hasta que no elimine el aumento a Jesús Miguel Espelosín. «No es serio», apuntan. La situación es tal, que el pasado martes se canceló la Comisión de Hacienda, donde iba a votarse este extremo, 24 horas después de conocerse la posición de su antiguo socio.

Lo que no ha cambiado desde que estalló el escándalo es la postura del PSOE-M, que únicamente ha suspendido de militancia a Noelia Posse . Aunque en enero aseguró que el dictamen del Comité de Ética era cuestión de días o semanas, lo cierto es que a día de hoy, ocho meses después del primer caso, no hay noticias al respecto. «Ella es muy soberbia y se sabía que no iba a irse, pero no se entiende cómo no se ha hecho nada desde el partido», comentan fuentes cercanas al Consistorio.

Donde tampoco ha actuado el partido socialista es en el caso de Romero, alcalde de San Sebastián de los Reyes procesado por prevaricación administrativa. Aunque el código ético del partido señala taxativamente que cualquier cargo que se siente en el banquillo por delitos graves o de corrupción debe marcharse, el regidor no se marchará porque -asegura- «no existe acusación» contra él. El PSOE-M, mientras, también guarda silencio.

Romero, acusado de ascender de forma arbitraria a un sargento de la Policía Local en octubre de 2015, gobierna en coalición con Ciudadanos , que no está por la labor de reconsiderar su acuerdo. Aunque la prevaricación está clasificada por el Consejo General del Poder Judicial como uno de los supuestos de la corrupción política, la formación naranja no lo considera como tal y asegura que la situación procesal del regidor no compromete en ningún caso el Gobierno local. Ignacio Aguado, sin embargo, pidió la dimisión del alcalde de Alcalá Henares meses atrás, cuando fue procesado por el mismo delito.

Los resultados del 26-M afianzaron el dominio del PSOE en municipios históricamente socialistas. Getafe y Leganés fueron dos reflejos de esta situación y también de la polémica durante el último año. El cerco judicial se estrecha sobre Sara Hernández, alcaldesa de Getafe e imputada por un delito contra el Medio Ambiente. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la localidad investiga a Hernández y otros cuatro ediles socialistas en el municipio -María Teresa Mellado Suela, Ángel Muñoz González, Jorge Juan Rodríguez y Raquel Alcázar Ballesteros- por su responsabilidad en los vertidos ilegales arrojados al río Manzanares.

En Leganés, gobernado por Santiago Llorente, las sombras pasan por la gestión del presupuesto. Intervención aconsejó en enero revisar el futuro de la empresa pública Leganés Gestión de Medios -con un presupuesto de medio millón de euros-, habida cuenta de que presenta un desfase importante entre su actividad «mínima» y los gastos, dedicados casi en exclusiva al pago de nóminas. La publicación del informe y las denuncias de «chiringuito» por la oposición desembocaron en la dimisión del gerente de la entidad pública.