Las exigencias de Díaz Ayuso a Sánchez por impago en su recurso ante la Audiencia Nacional

La judicialización de esta guerra abierta entre administraciones se hace apenas unos días después de que la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero , pusiera la diana en la Comunidad de Madrid y su política de bajada de impuestos . La intención de Montero de «armonizar» impuestos como Sucesiones o Patrimonio «por justicia fiscal» se entiende en el Gobierno regional como una afrenta más, otra prueba de que la pretensión de Sánchez es «castigar y atacar» a la región por su baja fiscalidad. «El Gobierno socialista no puede seguir dando la espalda a los madrileños», espetó ayer Díaz Ayuso en su cuenta personal de Twitter.

Las palabras de la presidenta madrileña fueron refrendadas casi al unísono por su socio de Gobierno en la misma red social. Si bien es cierto que la relación entre ambos partidos no está siendo idílica en algunos asuntos autonómicos , también lo es que en este extremo la unión no tiene fisuras. «Es inaceptable que Sanchez siga asfixiando económicamente a los madrileños. No nos deja más opción que recurrir a la Justicia para exigir lo que nos corresponde. Basta ya», añadió el vicepresidente Ignacio Aguado .

El recurso ante la Audiencia Nacional remite a la posición inalterable del Gobierno de Sánchez, que parapetado en la prórroga de los presupuestos y en la interinidad del Ejecutivo asegura que no se pueden compensar los desajustes que provocó la liquidación del IVA hace dos años. La explicación a este problema está en el sistema que el Ministerio –entonces dirigido por Cristóbal Montoro (PP)– implantó para modernizar la gestión del impuesto con medios electrónicos , provocando por error que las comunidades autónomas solo hayan recibido la liquidación de once meses y no del año completo, según informa Efe. Los ingresos de noviembre de 2017 se pospusieron al 30 de diciembre y no se contabilizaron por el Estado hasta enero de 2018.

La Comunidad de Madrid, que insiste en la «actitud prepotente» del Estado, alega que se ha incumplido el principio de lealtad institucional recogido en la Ley 22/2009 de financiación de las comunidades autónomas: «En el marco del principio de lealtad institucional, la Administración General establecerá todos los mecanismos que garanticen que las normas estatales que supongan incrementos de gastos o reducciones de los ingresos tributarios de las comunidades autónomas contengan la valoración correspondiente».

El contenido de este recurso, no obstante, no es más que la punta del iceberg de cuanto reclama el Gobierno de Ayuso a Pedro Sánchez. Estos 377 millones solo son una parte de los 1.237 que exige al Ejecutivo central desde hace meses, justificados en el IVA, las entregas a cuenta y los 127 millones relativos a la subvención al CRTM, que afectan potencialmente a más de mil millones de viajes cada año.

A pesar de este montante, en Sol no recibirán más de 680 millones de euros, un extremo que ya fue criticado por el consejero de Justicia, Javier Fernández-Lasquetty , en una carta enviada a Montero hace menos de un mes. «La situación es insostenible», dijo Lasquetty en la misiva. Este dinero, además, supone 50 millones de euros menos de los que se esperaban en la Comunidad de Madrid, aún contando con la situación de que los presupuestos estarían prorrogados.