La CRUE no explica las «graves irregularidades» del máster de Cifuentes y remite a la Fiscalía

Fernández ha comparecido en la sede de la Crue junto a los dos observadores designados, la jefa del área de la Inspección de Servicios de la Universidad de Málaga, Carmen Ruiz Llamas ; y el director del servicio de Inspección de la Universidad de Burgos, José Ángel Llamas . De su supervisión, aseguran, se concluye que el procedimiento abierto por la URJC es «correcto». No obstante, tras las preguntas de los periodistas, el presidente de la Crue, ha dicho que el caso que acorrala a la presidenta regional es un motivo de dimisión .

Fernández, preguntado por las «graves irregularidades» a las que él mismo hizo alusión en el inicio de su intervención, se puso de perfil por tratarse de «presunciones»: «Si como parece no hay acta, si como parece no hay trabajo y si, presuntamente, no se hizo la defensa del máster, entonces estamos ante graves irregularidades ». No obstante, tanto él como el resto de comparecientes han insistido en que «no es su competencia» dirimir este extremo por encontrarse el caso en manos de la Fiscalía.

Si bien se ha evitado en todo momento personificar «los políticos que han extendido la sombra de la duda» sobre las universidades, el máximo representante de la Crue ha señalado finalmente que un escándalo como el que acorrala a Cifuentes es suficiente para presentar su renuncia. «Los políticos no son una raza de ciudadanos distinta ni tienen derechos y obligaciones distintos, si dicen que tienen un máster deben garantizar que lo tienen , si no, es motivo de dimisión», ha declarado Roberto Fernández.

La ambigüedad de los rectores se ha reconocido en su valoración de la situación, donde han primado más las alabanzas a la actuación de la URJC y su amparo tras la Fiscalía. Así, han destacado que han tenido acceso a los documentos que integran el expediente a través de copias, pero no su totalidad por «la interrupción de los trámites correspondientes al haberse suspendido el procedimiento de información reservada». Esto se debe a que la universidad que dirige Javier Ramos ha enviado estos informes al Ministerio Público y no a este comité evaluador. Igualmente, aunque se solicitó la comparecencia de los implicados, tampoco se han desarrollado. «Se debe a la solicitud de aplazamiento de algunos de los comparecientes y por justificantes médicos», ha explicado Fernández.

Sorprende que la Crue destaque el correcto funcionamiento de la investigación si, precisamente, no se han sometido a examen los principales señalados: Enrique Álvarez Conde , director del Trabajo de Fin de Máster de Cifuentes; Cecilia Rosado , directora del máster en Derecho Público del Estado Autonómico; Clara Souto , profesora del máster; y Amalia Calonge , la funcionaria de la universidad que presuntamente manipuló las notas de la presidenta regional. «Que no comparezcan no quiere decir que no vayan a hacerlo», han justificado.

Los rectores, además, han señalado que por la suspensión del procedimiento tampoco se dispone de la documentación solicitada por la Inspección de Servicios de la URJC. En ese punto, han indicado que, advertidos previamente por el centro de esta circunstancia, «estuvieron de acuerdo».

Aunque el presidente de la Crue ha reiterado su condena ante «cualquier ilegalidad o irregularidad en la universidad», lo cierto es que ha mostrado un apoyo sin fisuras a la URJC «para llegar a las últimas consecuancias de su investigación». En ese sentido, ha tratado de limpiar el nombre de la universidad tras el caso de Cifuentes, con una única reprimenda para el rector Ramos: su primera comparecencia. «Un hecho concreto no puede poner en cuestión a la globalidad del excelente funcionamiento del sistema universitario español», ha subrayado.