«¿Cómo va a tener el novio de mi nieta una serpiente de cascabel en mi propia casa?»
El joven mordido por el crótalo y presunto propietario vive en Tetuán con su pareja y la abuela de ella
Una semana después de que Juan Carlos R. A., de 22 años, se personara en el Hospital de la Paz asegurando haber sufrido el mordisco de una serpiente de cascabel en el parque de Rodríguez Sahagún de Tetuán, las incógnitas aún siguen en el aire. El joven afirmó entonces que vio al reptil entre los arbustos cuando paseaba con su novia Raquel, decidió acercarse y, tras sufrir el picotazo, lo mató de una pedrada. Sin embargo, son varias las sombras que acorralan la versión de la víctima . ¿A quién pertenece el reptil? ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Murió del impacto de una piedra o de un corte con un objeto punzante? Aunque no descartan otras hipótesis, la Policía Nacional considera al propio afectado el principal sospechoso de la tenencia del animal.
Tras estar ingresado en la UCI de La Paz , en estado grave, y recibir un tratamiento de 14.400 euros, Juan Carlos recibió el alta definitiva el pasado miércoles. No obstante, la tarde anterior pidió el alta voluntaria desoyendo el criterio de los médicos y se marchó por espacio de dos horas. Una franja de tiempo que puede resultar trascendental para la resolución del caso. Saber los motivos que le llevaron a abandonar el centro y, sobre todo, que pudo hacer fuera son la principal línea de investigación.
Ayer por la mañana, en la vivienda de Tetuán donde reside el presunto propietario del crótalo con su novia y la abuela de ella, la cautela fue la tónica reinante. «Juan Carlos y Raquel salieron el viernes por la tarde y no sé cuando volverán», explicaba la abuela, a través del telefonillo. Pese a reconocer que desde que Juan Carlos volvió a casa solo le ha preguntado por su estado de salud, la mujer aseguró que jamás han tenido una serpiente de cascabel u otros animales de corte similar . «¡Por Dios! ¿Cómo va a tener el novio de mi nieta un bicho así en mi casa?», expresaba, con fuerte tono de angustia.
Entre el vecindario, muchos eran los sorprendidos de que allí pudiera estar el posible dueño de la cascabel. «Me he dado cuenta del caso por las noticias», comentaba una inquilina, mientras otra remarcaba que de haberse corrido la voz, «ya nos hubiéramos enterado». Ni siquiera el portero parece tener idea. «Nos lo habría comentado» , proseguían. En el edificio, de seis plantas y una treintena de vecinos, habita mucha gente de alquiler. «Son jóvenes que van y vienen, por eso tampoco nos conocemos todos», replicaba otro de los residentes.
Sea como fuere, el sentir general respecto a las posibles teorías resultó unánime. «Le pica en un parque, ¿y luego en el hospital sabe qué tipo de serpiente es? Está muy claro que el animal era suyo», argumentaron, dejando claro que su opinión «no cambia porque pudiera ser un vecino u otra persona cualquiera».
Nerviosismo incial
Durante cinco días, a Juan Carlos le fue suministrado un antídoto específico contra la especie de serpiente de EE.UU. más larga y venenosa. Cada vial inyectado cuesta 900 euros y el número de dosis depende del tamaño del animal, en este caso, de un metro aproximadamente. No obstante, antes de recibir el tratamiento, mostró un nerviosismo inusual. Aunque aseveró haberse acercado al la cascabel pensando que era una serpiente común, reclamó el revulsivo americano, en lugar del establecido en el protocolo para las mordeduras de ofidios europeos. Incluso llegó a decir que era una cascabel, según reveló una doctora.
El atestado que inició la comisaría de Fuencarral-El Pardo, a la que llamaron los sanitarios de La Paz para que fueran a recoger el ofidio, ya ha sido ce rrado. Ahora, será un juez el que dictamine si prosiguen las pesquisas, llama a declarar a la víctima en calidad de testigo o si ve algún indicio de delito.
En ese último caso, el presunto propietario de la cascabel podría ser castigado con una pena de prisión de cuatro meses a dos años o sanción de ocho a 24 meses. Las actas levantadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad serán comunicadas, en función de la gravedad de la infracción, a los Ayuntamientos afectados o bien a la Consejería de Medio Ambiente.
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