Las claves de la condena a Botella y su equipo por la «operación ilegal» de venta de pisos

El fallo del texto judicial condena al responsable de la EMVS, Fermín Oslé , al pago de 5,8 millones de euros. La ex regidora y el resto de concejales que el 20 de junio de 2013 ratificaron el plan de viabilidad de la EMVS en Junta de Gobierno, deberán abonar 2,8 millones de euros de sus bolsillos. La condena alcanza al que fuera edil de Seguridad y Emergencias , Enrique Núñez , ahora viceconsejero de Justicia en la Comunidad de Madrid; a la entonces concejal de Hacienda, Concepción Dancausa ; al que fuera delegado de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito , actualmente viceconsejero de Humanización de la Atención Sanitaria; a Dolores Navarro , que ostenta el cargo de Transparencia, Hacienda, Contratación y Mujer en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (en 2013 llevaba el Área de Familia y Asuntos Sociales); a Pedro Corral , concejal en el Ayuntamiento de Madrid, quien se encargaba de la concejalía de Las Artes, y a Paz González , en aquella época delegada de Urbanismo y Vivienda. Esta última, relacionada con el caso Lezo.

El Tribunal, como adelantó la Cadena Ser este viernes, cifra en 25,8 millones de euros el perjuicio que esta operación ocasionó al patrimonio de la ciudad –el demandante, la EMVSque capitanea Manuela Carmena, lo elevaba a 127 millones–.

La magistrada entiende que los concejales condenados , en su condición de integrantes de la junta de accionistas en la Junta de Gobierno, ratificaron la enajenación del mencionado patrimonio sin evitar el perjuicio . «Los demandados no realizaron la supervisión de la gestión contable ni de la presupuestaria y de control del déficit que tenían enconmendada tanto por la normativa mercantil como por la de derecho público». En concreto, añade, «no advirtieron y evitaron que la enajenación se hiciera a través de un procedimiento ilegal y por un precio lesivo para el patrimonio público ».

Además, el tribunal tiene en cuenta la «bajada injustificada» de dos millones de euros en el precio del contrato de compraventa, de los que desprende dos ilegalidades. Por un lado, la falta de justificación de la mencionada rebaja y la falta de rendición de cuentas al respecto. La sentencia, que no es firme, permite el recurso de apelación en el plazo de quince días.

Por su parte, los condenados recurrirán el dictamen. Recuerdan que la Fiscalía del propio Tribunal de Cuentas solicitó la desestimación de esta demanda al no apreciar responsabilidad contable. Según consta en un comunicado que los sentenciados hicieron público ayer, la anterior Junta de Gobierno «no intervino ni directa ni indirectamente en la operación de venta de viviendas». «Únicamente –prosigue–, y en su calidad de Junta General de Accionistas de la citada mercantil, ratificó el Plan de Viabilidad que el consejo de administración de la EMVS había aprobado».

Argumentan que la empresa, con cerca de 700 empleados, «atravesaba una difícil situación debido a la crisis económica, acumulando una deuda de más de 600 millones de euros, y si no cumplía lo establecido en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local debía aprobar un plan de viabilidad o liquidarse, lo que supondría el despido de sus trabajadores».

La EMVS de Ana Botella enajenó 8.844 inmuebles (2.956 viviendas, 3.842 garajes y trasteros y 46 locales) con estas operaciones. Del total de viviendas, 1.860 públicas de 18 promociones, se vendieron a Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone, por 128.500.000 millones de euros. Otras 34 viviendas (de venta libre) se vendieron a Sociedades Avellanes Inversiones y Madrid Town Inversiones S.L. por 2.072.242 millones.

El informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de junio de 201 detectaba «graves irregularidades» en estas operaciones, ya que estimaba que el patrimonio de la vivienda pública valía 159.375.025 millones, 30 millones más de lo abonado. El Tribunal ratifica lo recogido en este documento, que el precio se estableció «por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación sin estudios o tasaciones previas».