La Fiscalía pide archivar la venta de viviendas del IVIMA a fondos buitre

El caso se inició con una querella presentada por el PSOE en la Asamblea de Madrid, admitida a trámite el 25 de febrero de 2014. Se planteaban presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación continuada por la venta, en 2013, de estas 32 promociones de pisos.

Desde su inicio, la Fiscalía de Madrid ha impulsado activamente la causa, instando la práctica de las pruebas necesarias para la acreditación de los hechos alegados. Una vez aportadas al procedimiento, se efectuó su análisis, que evidenció que las irregularidades detectadas no eran constitutivas de delito o que su perpetración no estaba justificada, informa Ep.

En el curso del análisis se comprobó igualmente que las irregularidades tuvieron lugar en el marco de una legislación que permite la venta de promociones públicas a«"personas jurídicas, incluyendo sociedades o fondos de inversión inmobiliaria, pudiendo retener, si así lo acuerdan, la gestión de las promociones».

Se concluye, en suma, que la legislación permisiva existente constituye el origen del conflicto generado con la enajenación de las promociones, y cuya solución r equeriría reformas legislativas .

Al mismo tiempo, y a la vista de los informes periciales incorporados a la investigación, se ha concluido que no se ha producido un perjuicio económico a la Administración Pública.

En sentido opuesto, se ha acreditado que el procedimiento de adjudicación de las 32 promociones estuvo guiado «por el propósito de reducir el pasivo del IVIMA y de obtener liquidez para cumplir el objetivo del déficit público».

La Sección de Delitos Económicos entiende que no se ha acreditado la existencia del delito de malversación, ni del delito de prevaricación ni del de fraude de funcionarios públicos . En sentido complementario, se detecta que los legítimos derechos de los afectados pueden ser salvaguardados por la jurisdicción contencioso-administrativa.

«Esta solución jurídica es la que mejor satisface el principio de intervención mínima que informa el Derecho penal, reservando su ejercicio a aquellos supuestos en que su aplicación es imprescindible» , entiende la Fiscalía.

A la hora de analizar los hechos, la Fiscalía de Madrid se ha enfrentado a las limitaciones de la configuración de los delitos contra la Administración pública en el vigente Código Penal.

«La falta de correlación entre este último y la legislación sectorial -tanto la elaborada por la Unión Europa como en la propia Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público- puede provocar indeseables espacios de impunidad », añade el Ministerio público.

«La reforma del Derecho penal debiera convertirse en una prioridad legislativa, a la vista de la importancia de este sector y de los enormes intereses económicos y sociales en juego», concluye.

Las familias afectadas por la venta mostraron ayer su «indignación y rabia» por la petición de archivo de la causa. La noticia ha supuesto «un auténtico jarro de agua fría» para las familias, agrupadas en la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima y con el apoyo de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm), que llevan más de cinco años luchando para que se haga justicia y sean restituidos sus derechos como moradores de vivienda pública y protegida, señala en un comunicado la Federación.

Ambas entidades no entienden a qué se debe este cambio de criterio repentino de la Fiscalía de Madrid, y subrayan que «las irregularidades fueron tantas y de tal gravedad» que el desarrollo de este proceso penal provocó, en febrero de 2016, la dimisión de Juan Van-Halen Rodríguez como director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento al ser citado como investigado, y ha dejado en evidencia a otros políticos y altos cargos de la Administración regional, como la ex directora del Ivima, Ana Gomendio.

En estos momentos, los abogados de asociación estudian el contenido del escrito de la Fiscalía y las posibilidades de recurrirlo.