Caso De Mingo: «El riesgo de conducta violenta ahora es bajo, pero puede cambiar»

Carlos Sardinero, letrado de dicha asociación, que representa a la familia de las víctimas, precisó que en la valoración realizada a la doctora se pone de relieve que «"estamos ante una enfermedad crónica que cursa con delirios y descompensaciones " y que, "aunque el grado de conducta violenta futura de la informada, en el momento actual, puede considerarse como bajo ", este extremo podría variar en el futuro y acabar de forma violenta».

En este sentido, el letrado explicó: «El riesgo actual es bajo pero las consecuencias que pueden desencadenarse si aumenta son gravísimas. Fueron irreparables en su momento, cuando De Mingo acabó con la vida de tres personas en la Fundación Jiménez Díaz el 3 abril de 2003».

Por ello, Sardinero valoró las medidas de control que establecen los psiquiatras forenses. Estas proponen que siga en tratamiento «supervisado» de por vida y que este sea con inyectables, ya que «ayuda de forma más precoz a la identificación de posibles indicadores de descompensación, al tiempo que aseguraría la adherencia terapeútica», tal y como recoge el examen que adelantó ABC.

No obstante, la Asociación del Defensor del Paciente cuestiona que sea su madre quien supervise la medicación y se encargue de informar en caso de detectar alguna modificación en su comportamiento, dada su avanzada edad y su relación de parentesco. «En su día nadie informó de su delirio ni en su casa ni en su entorno laboral. Y eso que, al parecer, su entorno lo conocía», aseveró la acusación.

Por ello, y para curarse en salud, la Clínica Médico Forense aconseja a sus familiares, a su hermano y, en especial, a su progenitora, con la que convivirá, «la asistencia a un grupo terapéutico especializado en el que se fijen de forma precisa los indicadores de descompensación de la enfermedad». Una garantía más sobre el papel que pone en evidencia, para la asociación y para los propios familiares de las víctimas «los recelos que tienen sobre la vigilancia que pueda ejercer la madre de la doctora ».

Este asunto abre el debate sobre el control de los enfermos mentales que seguirá, a buen seguro, cuando se pronuncie la Audiencia Provincial sobre el levantamiento de la medida de internamiento que se le impuso a la autora de los tres homicidios en el penal psiquiátrico de Foncalent (Alicante), durante un máximo de 25 años. Fue solicitada por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de esa provincia, en base a su «buena evolución» y a tenor de todos los informes realizados durante los 11 años transcurridos por el centro, el Instituto de Medicina Legal de Alicante y los del hospital que le realiza el seguimiento.