El Ayuntamiento elimina 23 normas obsoletas y aprueba un 'plan de choque' para simplificar trámites

En la diana de esta Ordenanza de Derogación Normativa hay directrices tan desfasadas como la de 1948 de la Policía Urbana, que incluye multas por «embriaguez» y «blasfemia» . Pero también otras más recientes, como el registro de la placa identificativa de ciclomotores implantado en la década de los 90 y en el que el Consistorio ya no tiene competencias. El proceso de revisión, del que se encargan 12 funcionarios y un director general, culminará en los próximos meses. Aún quedan otras 17 normas en desuso o que «no tienen razón de ser», en palabras de la portavoz municipal, Inmaculada Sanz. La limpieza ha borrado también 90 acuerdos, decretos y resoluciones , que han quedado desde este jueves sin efecto tras analizar un total de 648 disposiciones administrativas de segundo nivel.

La misma idea de simplificación se traslada al ámbito digital. La Junta de Gobierno ha aprobado un «plan de choque» con un presupuesto de 1,5 millones de euros para contar en seis meses con una administración más digital y ágil. Con este paquete de medidas orientado a reducir trámites y procesos voluminosos y repetitivos para los funcionarios, el Ayuntamiento prevé ahorrar 65 millones de euros en costes administrativos.

«Queremos que la relación con los ciudadanos sea más fácil y accesible», ha trasladado Sanz durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Esta apuesta por la digitalización se centra en los diez procedimientos más utilizados por los madrileños , que todavía «se están detectando», como los trámites para solicitar el padrón municipal -para el que estiman una «reducción de plazos superior al 50%»-, plazas para los niños en campamentos de verano, servicios sociales...

El equipo de José Luis Martínez-Almeida también ha acordado iniciar dos proyectos de obras antes de que finalice el verano. Por un lado, una nueva base de Samur-Protección Civil en el mercado de Legazpi (distrito de Arganzuela), por 2,8 millones de euros. Y por otro, la reforma del Centro Deportivo Municipal Moscardó (distrito de Salamanca), que contará con una inversión de 2,8 millones de euros y un plazo previsto de ejecución de 11 meses para, entre otras cosas, revertir los daños del temporal Filomena .

La Junta de Gobierno ha lanzado además «la primera iniciativa de ayudas directas a la contratación», según ha informado la portavoz. Se trata de una línea de ayudas con un presupuesto inicial de 850.000 euros destinada a financiar la contratación de personas desempleadas en los distritos del sur y sureste de la capital (Carabanchel, Latina, Moratalaz, Puente de Vallecas, San Blas-Canillejas, Usera, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde). Las subvenciones para autónomos, pymes y microempresas serán de 3.000 euros por jornada completa y de 1.450 euros por jornada parcial. El Consistorio cumple así otro de los puntos pactados en los Acuerdos de la Villa: mejorar el reequilibro territorial.

Como colofón, el Ayuntamiento ha autorizado el gasto de 1,5 millones de euros (750.000 euros en 2021 y 750.000 en 2022) en las Unidades Distritales de Colaboración , que en 2017 comenzaron a desarrollar proyectos en algunos barrios de Madrid y desde el año pasado se han extendido a los 21 distritos de la capital. La novedad es que el límite de la cuantía, destinada al Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana, ha sido ampliado de 225.000 euros a 250.000 euros por proyecto, distrito y año. Tal y como ha trasladado Sanz, esta convocatoria de subvenciones servirá para que las entidades ciudadanas sin ánimo de lucro puedan contribuir con «acciones de regeneración, limpiezas, desbroces, mejora del entorno urbano» a mejoras sus calles.

Desde el Gobierno regional, el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty ha felicitado al alcalde por «haber quitado más de un centenar de ordenanzas y decretos que eran totalmente innecesarios y anunciar que va a continuar. Ha hecho una muy buena tarea», insiste, porque «se acumulan las normas, cada vez cumplirlas es más difícil, y van quedando obstáculos que no hacen ninguna falta y dificultan incluso la competencia y la innovación, y son costes añadidos a las empresas que las impiden ir adelante».

Recuerda Fernández-Lasquetty que en el Gobierno regional se va a luchar también contra la hiperregulación para ayudar a las empresas. «Animaría que no fuera sólo el de Madrid sino también los otros ayuntamientos de ciudades de la región, los que se animen a revisar cuántas normas hay que en realidad no valen para nada».