Ahora Madrid se contradice y ordena a la Policía Municipal intervenir en desahucios

Sin embargo, el grupo municipal socialista, a través del edil Ramón Silva, ha evidenciado este martes en la comisión local de Salud, Seguridad y Emergencias que esta promesa de Ahora Madrid no era real. Según ha proporcionado en datos el delegado del ramo, Javier Barbero , el Cuerpo ha intervenido en el primer trimestre de 2016 en 1.016 lanzamientos, 201 menos que en la misma fecha del año pasado. El concejal lo ha justificado en «el cumplimiento de la legislación y la obligación de colaborar con los órganos judiciales».

«Quizá no nos expliquemos bien», ha introducido Barbero, para argumentar después que la intención de su gobierno era que las Unidades Centrales de Seguridad (UCS) -los antidisturbios de la Policía Municipal- no actuaran en los desahucios, d e ahí su desmantelamiento .

En la sesión, la concejala de Ciudadanos Ana María Domínguez Soler, de Ciudadanos, ha preguntado por las funciones de la Unidad de Delitos de Odio. El jefe de la Policía Municipal, Andrés Serrano, ha precisado que la Unidad de Gestión de la Diversidad se encargará de estos asuntos y que llevará la recepción de denuncias, la atención y protección a las víctimas, la relación e interlocución con ONGs relacionadas y analizará la información en oficinas de atención al ciudadanos sobre este tipo de delitos.

Los objetivos, ha dicho, son desarrollar los procedimientos, establecer fórmulas de prevención, llevar un registro de los delitos, realizar campañas de sensibilización, la existencia de una interlocución con agentes del problema y la lucha contra este problema y el auxilio de las víctimas.

Barbero se ha mostrado optimista respecto a la propuesta que ha hecho el Ayuntamiento a la Comunidad de Madrid para que cambie la ley autonómica 4/1992 de Coordinación de Policías Locales para aumentar la plantilla llevando a cabo un trasvase de agentes de movilidad al Cuerpo local. «Estoy seguro de que vamos a hacer propuestas y que vamos a llegar a acuerdos sin duda alguna». Se espera que, teniendo en cuenta la cuestión de plazos de alegaciones, el Gobierno municipal y el autonómico se reúnan antes del verano.