Letrados judiciales, jueces y fiscales exigen a Sánchez que lleve al último Consejo de Ministros sus mejoras salariales

En una carta a Sánchez, los LAJ recuerdan que su acuerdo, que implicaba una subida salarial de entre 420 y 450 euros, debía entrar en vigor este mes de julio y que no hay visos de que esto se vaya a producir. «Se acaba el plazo para que el Gobierno cumpla y nos encontramos con que los deberes no están hechos (...). Hemos sido prudentes y guardado silencio todo este tiempo, confiando en la palabra del Gobierno de la Nación. Pero se vislumbra ya el último Consejo de Ministros de la legislatura y no se han reformado nuestros decretos retributivos», apuntan.

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En este sentido instan a Sánchez a que aborde este asunto en la reunión del 18 julio y le emplazan a que «venza los obstáculos, sean los que sean, que se encuentren en los diferentes ministerios implicados". Añaden que sería «inentendible para todos los ciudadanos» que a nueve días de las elecciones el Gobierno incumpla este acuerdo para lo que la semana pasada ya le habían dado de plazo hasta el 23J.

En la misma línea, los jueces y fiscales recuerdan que su acuerdo también obliga a que el Consejo de Ministros apruebe su contenido, algo que tiene que hacer con «urgencia» para que pueda hacerse efectivo en las fechas acordadas.

"El adelanto electoral, que ha acortado la duración de la legislatura, a nuestro juicio obliga a que el Gobierno de la Nación atienda ese compromiso y lo haga con urgencia, para que sus previsiones tengan efectividad en las fechas pactadas", señalan en un comunicado.

"Por dicha razón reclamamos que con urgencia el Gobierno atienda los acuerdos que alcanzó en el documento signado el 23 de mayo de 2023, y que lo haga antes de la celebración de las elecciones generales. Lo contrario obligará a los firmantes no sólo a exigir ante los tribunales el cumplimiento de un acuerdo claramente vinculante, sino a adoptar las medidas de presión que sean necesarias para asegurar que se atienden los compromisos alcanzados para la mejora tanto de las condiciones profesionales de judicatura y fiscalía como de la administración de justicia".