El letrado del Congreso que criticó la amnistía se rebela contra su «purga»

Antes de ser destituido, Fernández-Fontecha escribió sendos artículos en ABC criticando la legalidad de esta ley, y cuestionando la reforma del Reglamento del Congreso para el uso del catalán, el euskera y el gallego. Estas piezas fueron publicadas entre finales de septiembre y primeros de noviembre. Posteriormente, expresó su posición en otros medios de comunicación, y se enteró de su cese el pasado 30 de noviembre, sin aviso ni comunicación específica, al recibir la lista de adscripciones de cada jurista. En ese documento, el ex secretario general del Congreso, Carlos Gutiérrez Vicen, aparecía en lugar de Fernández-Fontecha en la Comisión Constitucional. Y éste aparecía relegado a la Comisión de Hacienda, pese a su mayor experiencia en temas constitucionales y cuando en la legislatura anterior había ejercido de titular en ambas comisiones.

Ante este cambio, el único que se produjo según fuentes parlamentarias, Fernández-Fontecha preguntó a la directora de comisiones del Congreso, Blanca Hernández, quien le indicó que no tenía más información, ya que también acababa de enterarse del movimiento. El jurista decidió entonces transmitir su oposición a Galindo mediante mensaje y pedirle su restitución, sin éxito.

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Frente a ello, la Secretaría General sostiene que no se trata de «ninguna purga» y que «es habitual que los ex secretarios generales lleven las comisiones de mayor importancia». También asegura que Fernández-Fontecha no era titular de la Comisión Constitucional sino «el letrado sustituto por lo que no ha habido destitución». «Como en todas las legislaturas, se han reasignado las comisiones al inicio en función de las que se han creado, que cada vez son más», informa Juan Casillas.

Sin embargo, esta versión queda en entredicho con la comunicación que la misma Secretaría General remitió a Fernández-Fontecha el 6 de febrero de 2020 para adscribirle a la Comisión Constitucional. En ese documento no se señala esa supuesta condición de suplente. Entre su labor en la pasada legislatura, el citado jurista fue el responsable de elaborar el informe sobre la reforma del artículo 49 de la Constitución.

La tesis de que no ha existido purga también resulta cuestionable porque Galindo rechazó los otros tres destinos alternativos que le solicitó Fernández-Fontecha. Y es que al día siguiente de conocer su cese, el 1 de diciembre, este letrado presentó un escrito solicitando quedar adscrito a la Comisión de Justicia. Tras este movimiento, el secretario general le emplazó a acudir a su despacho el lunes 4 de diciembre.

En esa reunión, Galindo insistió en mantenerle adscrito a Hacienda, reiterándole su negativa a restituirle en la Comisión Constitucional e indicándole que tampoco podría concederle Justicia. En este caso, el argumento fue la larga experiencia, 23 años, de dos de las letradas adscritas, Piedad García-Escudero e Isabel Revuelta de Rojas. Sin embargo, hay un tercer letrado adscrito a este órgano, Fernando Castillo, y su antigüedad se limita a cuatro años, frente a los 46 de Fernández Fontecha. Se da la circunstancia de que el PSOE no había decidido en ese momento si remitir la nueva ley de amnistía a la Comisión Constitucional o a la de Justicia.

Tras ser vetado también en esta última, Fernández Fontecha solicitó adscripción a la Comisión de Trabajo, que también le fue negada, y a la Comisión de Relaciones con el Defensor del Pueblo, que igualmente le fue rechazada. Todas ellas, comisiones legislativas. Es decir, corresponden con ministerios y, por tanto, tienen funciones de desarrollo de leyes y control al Gobierno. Frente a ello, la oferta final de la Secretaría General fue adscribirle a una comisión no legislativa, la de Calidad Democrática, limitada a meros debates y sin función legislativa ni de control al Gobierno.