La justicia británica aplaza la vista sobre la inmunidad de Juan Carlos I en la demanda de Corinna

Solo una hora antes de que comenzara la vista, que dio el salto a esta instancia superior después de que Nicklin denegara la inmunidad al rey emérito, se informó a través de la web que había sido aplazada. Según fuentes jurídicas consultadas por ABC la suspensión se ha debido a la imposibilidad de uno de los jueces de asistir hoy. La corte ha vuelto a citar a las partes el próximo 18 de julio para la celebración de la audiencia.

La vista en la corte de apelaciones llegaba a petición del equipo jurídico del Rey que pidió una revisión después de que el juez Mathew Nicklin, del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, rechazara como cuestión previa que don Juan Carlos gozara de la inmunidad alegada por su defensa. «Nada en los principios de la ley internacional referido a la dignidad y soberanía del Estado español» obliga a hacer esa interpretación, concluía el juez, que además ponía este ejemplo: De aceptarse el argumento de la defensa, si el Rey emérito entrara en una famosa joyería de Londres, Hatton Garden, y robara un anillo de diamantes, no se enfrentaría a un procedimiento civil o penal en esta jurisdicción.

Por ello el juez Matthew Nicklin no acogió «ninguno de los motivos por los que se reivindicó la inmunidad», ni la «personal» por su condición de integrante de la Familia Real ni la «funcional» por la Jefatura del Estado que ostentaba en los años previos a la abdicación dado que el magistrado entendió que el presunto acoso sería un acto privado, que nada tiene que ver con su labor como Rey.

Además para el juez quedó evidenciado que Don Juan Carlos es sólo un «miembro de la familia» del Rey en meros términos de parentesco, pero no un integrante de la Casa del Rey Felipe VI a efectos de su representación, como muestra que la única defensa de Don Juan Carlos sobre este asunto ha sido la de su abogado. No consta que forme parte de la Casa Real, dado que ni Felipe VI ni el Gobierno lo han comunicado de forma oficial, argumentaba el magistrado, que daba luz verde así, a investigar los hechos denunciados por Corinna Larsen, en la demanda civil por presunto acoso y seguimientos ilegales por parte de agentes del CNI, aunque el relato se remonta a 2012, cuando en España aún era inviolable por ser el Jefe del Estado.

La demanda fue presentada en diciembre de 2020 ante la justicia británica. En ella, Corinna solicitaba una orden de alejamiento para don Juan Carlos, que le impidiera comunicarse con ella o acercarse a una distancia inferior a los 150 metros. También pedía una compensación económica no cuantificada por los daños y perjuicios sufridos.

Señalaba al rey como el responsable del «seguimiento abierto y encubierto» que habrían realizado agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español en Londres, donde reside, y en Montecarlo, dónde tiene una segunda residencia.

«Se sintió enojado, rechazado y / o humillado porque ella no reanudaría su relación romántica e íntima, y quería castigarla por negarse a someterse a su voluntad«, relata en la demanda a la que tuvo acceso ABC. »Le preocupaba que ella pudiera revelar información sobre sus negocios y asuntos privados« y estaba »injustificadamente« enfadado porque ella se había negado a devolver la donación de casi 65 millones de euros que previamente don Juan Carlos habría recibido por parte de Arabia Saudí.

«Ha sufrido gran angustia, ansiedad, sueño, privaciones y preocupación por su propia seguridad física y la de sus hijos», exponía el escrito.