Las empresas que han abandonado Cataluña desde 2017

Las empresas que se marcharon de Cataluña pertenecen a diferentes sectores –concesionarias, textiles, banca, alimentación, etc.– y son tanto nacionales como extranjeras. Solo entre octubre y diciembre de 2017, 1.298 compañías salieron de Cataluña, más de la mitad de las 2.175 que cambiaron de región en esos primeros tres meses de conflicto.

En total, hasta 2023, son más de 8.000 las empresas que han salido de Cataluña y que, por tanto, se enfrentarían a multas para que el Gobierno cuente con el apoyo de Junts en estas primeras medidas.

Madrid es la comunidad a la que se han mudado la mayoría de estas compañías, al tiempo que Cataluña es la región líder en empresas que han decidido emprender su marcha. Además de en la capital, también se han establecido en Valencia, Alicante, Andalucía o Baleares.

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La primera empresa del Ibex-35 que tomó la decisión de salir de Cataluña fue Banco Sabadell. La entidad anunció su marcha a Alicante el 5 de octubre de 2017. Poco después hizo lo propio la Fundación 'La Caixa', la otra gran compañía catalana, que se trasladó a Valencia. Ninguna se plantea volver: «No está sobre la mesa», trasladaron fuentes el pasado noviembre, tras el acuerdo PSOE-Junts.

Fuera de la Bolsa, compañías como el Grupo Planeta, líder en el ámbito cultural, mudaron su sede central a Madrid. También se marchó Codorníu, dedicada al cava, característico de la región, que se estableció en octubre de 2017 en La Rioja.

Asimismo, destaca la salida de la región de la tradicional empresa de loterías Bruixa d'Or –Bruja de Oro–, que se fue a Pamplona desde Sort.

La propuesta de Junts de sancionar a las compañías que opten por no retornar a Cataluña ha sido criticada por PP, Compromís o Vox, pero tampoco la apoya ERC, que votará sí a los decretos.

Desde el PP, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha calificado de «ilegal» la pretensión del partido de Puigdemont: «En España, que sigue siendo un Estado democrático, las empresas pueden instalar sus sedes donde quieran y por lo tanto forzar a las empresas a que se instalen donde quieran los independentistas es ilegal», ha explicado. En Vox, la portavoz en la Cámara Baja, Pepa Millán, ha afirmado que este es un «absoluto disparate», que merece «todo el rechazo del mundo».

«El punitivismo no es una solución», ha dicho por su parte desde Compromís Àgueda Micó. ERCsí va a apoyar los decretos: «Entendemos que son cuestiones que mejoran la vida de las personas», ha apuntado la portavoz del partido, Raquel Sans.

Según ha trascendido, Junts reclama que una vez que se retiren los decretos y se negocien y presenten por separado, se lleve a cabo una reforma de la Ley de Sociedades de Capital. El fin, aprobar incentivos fiscales a aquellas empresas que optaron por quedarse tras el inicio del procés, entre las que destacan Freixenet o Grífols.