El juez Llarena retira la sedición a Puigdemont y reprende al Gobierno: el 1-O hoy quedaría impune

En un auto notificado ayer, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena aplica la nueva reforma legal a los todavía encausados con duros reproches a los partidos que sustentan al Gobierno -promotores de la proposición de ley-, porque como consecuencia de estas modificaciones, hechos como el 1-O quedan a un paso de la despenalización, pues no son subsumibles en el delito de desórdenes públicos agravados.

De momento, el instructor del 'procés' mantiene solo las órdenes de busca y captura y detención nacional de los huidos procesados por malversación y desobediencia. No así las euroórdenes, sobre cuya reactivación o retirada decidirá una vez que se resuelvan los dos asuntos planteados en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Uno es la cuestión prejudicial que el propio Llarena planteó a raíz de la denegación de entrega por parte de Bélgica del exconsejero Lluis Puig. El segundo, la decisión que se tome sobre su inmunidad y la de los también exconsejeros Comin y Ponsati como europarlamentarios. El primero ya tiene fecha: el próximo 31 de enero.

En su resolución, de 71 paginas, Llarena desmonta la exposición de motivos que justifica la reforma y cuestiona que la misma se fundamente en la desproporción o indeterminación del tipo penal de sedición y el hecho de que la que misma se lleve a cabo para «armonizar» nuestra legislación con la de los países de nuestro entorno, como argumentó el Gobierno.

Llarena se muestra convencido de que a lo que realmente responde esta reforma es a la discrepancia del legislador con la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del 'procés'. No puede haber otra razón ni causa a la luz de la cual se pueda analizar la aplicación del delito de sedición, añade, porque el tipo penal regulado por el Código Penal de la democracia, solo se ha aplicado en una ocasión: en esta. «Difícilmente puede sustentarse -como apunta la exposición de motivos- que la defectuosa definición descriptiva del tipo penal pueda favorecer la represión penal de comportamientos democráticos y disuadir a los ciudadanos de ejercer sus derechos y libertades fundamentales, en concreto, algunos derechos como la libertad de expresión o la libertad de reunión», apunta. «Únicamente una revisión completa de los hechos enjuiciados en este proceso y una marcada discrepancia con la respuesta judicial emitida posibilita afirmar que exista la relación causa-efecto que el legislador subraya, esto es, que la aplicación del tipo penal pueda disuadir del legítimo ejercicio de los derechos democráticos de la ciudadanía».

Tampoco comparte Llarena que el tipo penal adolezca de imprecisiones. La protección de la unidad territorial de España «no es una extravagancia que singularice nuestro sistema constitucional». La práctica totalidad de las Constituciones europeas (Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Bélgica o Grecia) «incluyen preceptos encaminados a reforzar la integridad del territorio sobre el que se asientan los respectivos Estados», recuerda.

Al margen de la denominación con la que cada Estado criminaliza hechos similares, su carácter delictivo «es incuestionable en todos los países de nuestro entorno, como lo es la relevancia de las penas previstas para comportamientos de esta naturaleza».

Para el magistrado lo sucedido en Cataluña no puede calificarse de desórdenes públicos porque la intención de los encausados fue «desbordar el orden constitucional y lograr, directa o indirectamente, pero fuera de las vías legales, un nuevo orden territorial y político». Eso, a su juicio, «aleja su comportamiento de la transgresión (comparativamente insignificante o insustancial) de las ordinarias reglas de convivencia en grupo que constituyen el bien jurídico protegido en los delitos contra el orden público».

Pero hay más: el delito de desórdenes públicos del artículo 557 «no contemplaba siquiera la actuación ilícita que aquí se analiza», pues sancionaba exclusivamente a los inductores o alborotadores que directamente incitaran a alterar la paz pública con actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, «lo que no es predicable de los procesados que, como se ha dicho, desplegaron e impulsaron una desobediencia civil y una insurrección institucional orientada a alterar el orden constitucional sin ninguna llamada a la violencia». Los hechos serían, por tanto, únicamente subsumibles en el delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal entonces vigente, sancionado con pena de multa e inhabilitación para cargo público de hasta dos años.

Sí ve posible, sin embargo, que se mantenga, sin rebajarlo en modo alguno, el procesamiento por malversación del nuevo artículo 432.2 del Código Penal, castigado con una pena de prisión de cuatro a ocho años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de diez a veinte años. Puigdemont, Comin y Puig podían haber asumido una de las cinco partes en que se fraccionó el pago del encargo que se hizo a la empresa Unipost para que abordara el reparto de las notificaciones de los nombramientos de integrantes de mesas electorales, apunta el juez.

El auto recoge las últimas reformas del Código Penal y la doctrina de la Sala: «La jurisprudencia sostiene, desde hace más de medio siglo, que el propósito de enriquecimiento no es el único posible para la realización del tipo de los delitos de apropiación». «En particular el delito de malversación es claro que no puede ser de otra manera, dado que el tipo penal no requiere el enriquecimiento del autor, sino, en todo caso, la disminución ilícita de los caudales públicos o bienes asimilados a éstos».