El juez Aguirre pedirá al Supremo que investigue a Puigdemont por traición en la trama rusa del procés

Los investigados son, aparte de Artur Mas, el jefe de gabinete y el abogado de Puigdemont, Josep Lluis Alay y Gonzalo Boye, respectivamente; la que fue consejera de presidencia y portavoz de la Generalitat de Cataluña, Elsa Artadi; el diputado Francesc Dalmases; el que fue encargado de relaciones internacionales de Convergència, Víctor Terradellas; y varios contactos suyos, como son Jordi Sardà, Natalia Boronat, Zeus Borrell, Miquel Casals, Carles Porta y Aleksander Dmitrenko.

Aguirre sostiene que «se investiga un presunto de delito de traición del Título XXIII del Libro Segundo del Código Penal, sin que en este momento este Magistrado se atreva a especificar el concreto tipo penal por las razones que más adelante se dirán». Este título recoge un total de ocho tipos delictivos de traición, los artículos 581-588, muchos de ellos relacionados con armas.

En el auto de pieza separada, de 56 páginas, se da cuenta detallada de las operaciones de injerencia de Rusia en España por medio de una penetración en la crisis de independencia catalana, sobre todo desde la celebración del referéndum ilegalizado por la justicia del 1 de octubre de 2017. El juez instructor resume de este modo las acciones: «Rusia habría contado con una 'puerta trasera' para desestabilizar toda la Unión Europea, tanto políticamente, siguiendo la misma estrategia que con Cataluña, como económicamente, mediante el uso fraudulento de criptomonedas».

Las abundantes pruebas de las que se vale el juez son en su mayoría admisiones interceptadas de los teléfonos públicos de los implicados. En ellas figuran varias reuniones de enviados rusos a Barcelona en octubre de 2017. En un encuentro en sede oficial con Puigdemont, un ciudadano ruso al que la inteligencia europea vincula con los servicios secretos de su país, ofrece 10.000 soldados y 10 millones de euros para una Cataluña independiente a cambio de una legislación favorable para criptomonedas. Unos meses antes, en verano de 2017, Vladímir Putin en persona había indicado en público que el estado ruso debía avanzar en criptomonedas, lo que puede permitir evadir sanciones.

El juez ha hallado que meses después de esa reunión un equipo integrado por los imputados Terradellas, Sardà y Borrell mantuvo contacto con el ruso, llamado Nikolay Sadovnikov. Hasta realizaron una prueba de transacción monetaria en criptomoneda desde Emiratos Árabes. Dice Sardá en un mensaje del 8 de mayo de 2018: «En Dubai hace dos meses con Nikolay hicimos una operación de prueba y nos sorprendió muy positivamente». En varias conversaciones intervenidas, los implicados dan a entender que «el destinatario» de las transacciones era Puigdemont, según el auto.

El expresidente estaba plenamente implicado en los planes para mover fondos para el proceso independentista. Un mensaje intervenido a Puigdemont del 10 de octubre de 2017, cuando aun era presidente de la Generalitat, recomienda a Terradellas que «las cuentas corrientes el gobierno te las dé de las oficinas y delegaciones exteriores que no creo que las tengan bloqueadas».

El pleno del Tribunal de Cuentas aprobó en 2019 un informe sobre la acción exterior de la Generalitat catalana entre 2011 y 2017, sobre las denominadas «embajadas», en el que se aprecia un posible uso indebido de fondos públicos para promocionar las tesis independentistas en el extranjero, con transacciones sospechosas. Decía ese informe que «por la gestión de la oficina en Moscú, atribuida contractualmente a una persona física, se devengaron un total de 2.613.124 euros en el periodo señalado, única oficina sometida a un régimen de gestión indirecta mediante contrato de servicios que, a efectos de uniformidad y eficacia en la gestión y control, no parece justificado».

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David Alandete

En las investigaciones del juez, puestas en contexto, figuran viajes a Moscú, pagos con criptomoneda, contactos con funcionarios y espías y mensajes sobre contactos directos con políticos en la órbita del Kremlin y con la mafiua rusa

El juez Joaquín Aguirre cuenta con una nutrida cantidad de pruebas obtenidas en registros físicos y de teléfonos móviles que revelan, según el auto, que Mas puso en marcha una estrategia internacional para captar apoyos internacionales, por medio de Terradellas, y que este siguió trabajando en ese ámbito para Puigdemont cuando este tomó el relevo de la presidencia en 2016. Tras la detención de Terraplenas por un caso de supuesta malversación, otro equipo, comandado desde 2018 por Alay y Boye, mantuvo los contactos con Rusia, siempre reportándose a Puigdemont durante su huida de la justicia española en Bruselas.

Hay una conversación relevante que pone en evidencia la continuidad de esos contactos. En el auto del juez figuran una serie de mensajes del 5 de agosto de 2018 entre Terradellas, primer enlace con Rusia, y Alay, su sucesor, en que el primero pregunta: «¿Tu te has puesto en contacto con el gobierno ruso?». Alay responde: «Siempre he estado partidario de tener relación con ellos pero todavía no me he puesto. MHP está de acuerdo». MHP son las siglas en catalán de «muy honorable presidente», es decir, Puigdemont.

No son sólo mensajes. Alay inicia una serie de viajes a Rusia desde marzo de 2019. Allí traba contacto con una serie de funcionarios, espías e influyentes periodistas. Uno de ellos es Edward Chesnokov, del influyente diario Komsomolskaya Pravda, afín al Kremlin, quien publicó varias informaciones en que pedía a Putin que mediara en la crisis entre Cataluña y España. Otro es Evgueni Primakov Jr., quien sería nombrado jefe de una agencia gubernamental rusa para fomentar los lazos culturales y educativos entre Rusia y otros países.

El 26 de septiembre, Alay y Boye celebran este nombramiento, pues según el primero, Primakov Jr. es «mano derecha de Putin en el Kremlin para relaciones internacionales». Boye responde: «Igual tendríamos que ir a verles». Un mes antes, Alay había dicho: «Si apostamos en público a Kremlin, hagámoslo de verdad».

El auto incluye reuniones de ambos, Alay y Boye, a Rusia «para entrevistarse con los más altos capos de la mafia rusa, tales como Zakhar Kalashov, Vasili Kristoforov [y] Koba Shermazashivili». Kalashov, también conocido como Shakro Molodoy, es un delincuente ruso-georgiano y uno de los líderes más influyentes del mundo del crimen organizado en Rusia. Nacido en Georgia, ha sido vinculado a diversas actividades delictivas, incluyendo tráfico de drogas, extorsión y lavado de dinero. En 2006, fue arrestado en Emiratos Árabes y posteriormente extraditado a España, donde fue condenado por cargos de lavado de dinero. Tras cumplir su condena en España, Kalashov regresó a Rusia, donde continuó su actividad criminal.

El auto recoge además las últimas resoluciones del Parlamento Europeo, que instan a los países miembros de la Unión Europea, incluida España, a investigar la injerencia rusa y a permitir la labor de la justicia de forma independiente. El juez Aguirre, que ha trabajado este asunto durante años, afirma que «en el caso de Cataluña, el apoyo y la utilización de actores políticos, tal y como se ha demostrado a lo largo de la investigación, involucraron a personas del más alto nivel del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, incluido su presidente, y ello habría facilitado y reforzado considerablemente el proceso de injerencia rusa».

Las pruebas amasadas acreditan que «estas personas mantuvieron contactos con individuos cercanos a los servicios de inteligencia rusos y al gobierno de la Federación de Rusia e igualmente se ha podido conocer las mutuas exigencias para llegar a un acuerdo común que beneficiara a ambas partes».

Como recoge el auto, ha habido injerencias rusas en varios procesos electorales y políticos a ambos lados del Atlántico, pero lo que hace del caso catalán una excepción es que «Rusia contó en Cataluña con la cooperación de un elemento subversivo interno, que buscaba ansiosamente el apoyo de una potencia que le ayudase a pagar su deuda y le prestase apoyo político en el momento clave de segregarse del estado español, y que manejaba la esfera comunicativa con notable pericia, por lo que Rusia únicamente tenía que dar difusión y amplificar el relato generado por el propio movimiento independentista catalán».

El 11 de junio entró en vigor la llamada ley de amnistía pactada por el gobierno de coalición con los independentistas. El texto contempla el perdón de las causas por la malversación de caudales públicos y la usurpación de funciones que tengan relación con el proceso independentista. No se amnistiarán sin embargo los actos dolosos con resultado de muerte, las torturas, los actos de terrorismo según la legislación europea y que hayan causado «de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos», tampoco la traición o los delitos que afecten a intereses financieros de la Unión Europea.

La investigación de los contactos con Rusia comenzó porque en un registro practicado en mayo de 2018 en la sede de la fundación CatMón, cercana a Convergència y dirigida por Terradellas, se halló una libreta con anotaciones en las que se leía «Putin», «Consejo ONU», «unificar bitcoin» y «estado protector».

En el auto, el juez da los dos días reglamentarios a las partes para que expongan si creen que estos delitos entran dentro de la amnistía, para poder decidir sobre ello. Después, si concluye que no lo son, elevará una exposición razonada al Supremo para que decida sobre Puigdemont, que es eurodiputado, y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Dalmases, que es diputado autonómico— y a la Audiencia Nacional por el resto, al tratarse de un supuesto delito de especial gravedad.