La Fiscalía de la Audiencia Nacional también pide amnistiar el terrorismo de Tsunami

La posición no es una sorpresa, ya no sólo porque el fiscal, que ahora es jefe en la Fiscalía de Ciudad Real pero sigue llevando el caso, no viese delitos de terrorismo y haya venido recurriendo las decisiones del juez Manuel García-Castellón al respecto. Sino porque este mismo martes, la número 2 de la Fiscalía General del Estado, María Ángeles Sánchez Conde y uno de los jefes de lo Penal del Supremo, Joaquín Sánchez Covisa, reclamaban la amnistía total para los allí encausados también en relación a Tsunami Democrátic, los aforados Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg.

En su informe en la Audiencia Nacional, el fiscal pone el foco en el auto de imputación que dictó el juez el pasado noviembre, el único de estas características que obra en el sumario. Tras analizar los hechos que expone, subrayando aquellos sobre los que no se ha practicado diligencia alguna, como lo relativo a la autoría de las lesiones de los tres policías personados, concluye que la ley de amnistía «resulta aplicable». «Ningún avance se constata en la investigación ni se ha imputado a personas concretas sobre esos hechos», dice al respecto.

Respecto de la muerte del turista, que pereció de un infarto tras caminar cuatro kilómetros para poder acceder a la terminal de la que salía su vuelo, el fiscal sostiene que «no se ha acreditado nexo de causalidad con la actividad convocada por Tsunami» para bloquear el aeropuerto de El Prat «y desde luego, no podría atribuirse en ningún caso con carácter doloso, dada la absoluta imprevisibilidad del fallecimiento». «Sobre las lesiones ningún dato consta sobre su gravedad, sin perjuicio de ser notorio que quienes resultaron en gran medida lesionados fueron los propios manifestantes a consecuencia de su propio acometimiento», añade.

Concluye así que «no consta la comisión de actos dolosos por ninguno de los investigados que hayan causado muerte, aborto, lesiones al feto o pérdida de una utilidad de órgano o miembro sentido así como impotencia esterilidad o grave deformidad», que serían causas de exclusión en la aplicación de la amnistía. La muerte del turista en su opinión «no tiene relación de causalidad con la concentración convocada por Tsunami y menos aún, puede ser imputada a título de dolo a ninguno de los investigados».

«Lo mismo cabe decir de las lesiones sufridas por personas presentes en el aeropuerto o por policías lesionados en una manifestación no convocada directamente por su Tsunami en la que, como declaran policías heridos se produjeron detenciones de los organizadores,(ninguno de los investigados), y sin que pueda atribuirse bajo ningún concepto la responsabilidad dolosa» de los imputados, entre los que se encuentra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, o el jefe de la Oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluis Alay.

«Pese a la calificación mantenida por el Instructor y contradicha por este Ministerio, considerando los hechos como terrorismo, no se aprecia que los hechos hayan, ni hipotéticamente, causado de forma intencionada graves violaciones de los derechos humanos en particular los regulados en el artículo dos y 3 del Convenio para la Protección de Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales que se refieren, como es sabido, al derecho a la vida y no sufrir torturas ni tratos degradantes», señala.

Sociedad Civil Catalana, acusación popular, no lo ve así. Ha presentado un escrito que pide directamente al juez que presente una cuestión prejuidical al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la aplicación de la ley de Amnistía a delitos que se presumen, de terrorismo, en tanto que podría quebrar las directivas europeas de lucha contra estas conductas.

En un escrito al que tuvo acceso ABC, solicita que «se acuerde la suspensión del procedimiento en lo relativo a la aplicación de la ley de Amnistía hasta la resolución de la cuestión prejudicial planteada, a fin de evitar la aplicación de una norma que podría ser incompatible con el Derecho de la UE y para garantizar así los derechos de las víctimas y la integridad del proceso judicial».