Jueces y fiscales se emplazan a una nueva reunión el lunes tras ofrecerles el ministerio 44,6 millones de euros

Después de más de cinco horas reunidas, ambas partes se han emplazado a una nueva cita para "analizar a fondo estos días alguna de las propuestas y enfoques» del ministerio. Las fuentes antes citadas reconocen que el encuentro, al que han asistido, además de las asociaciones judiciales y fiscales convocantes, representantes del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado, ha transcurrido en un clima de cordialidad.

«Al menos se ha podido hablar» porque, según confiesan, las expectativas que habían depositado en esta cita eran nulas: «Pensábamos que iba a ser un trámite y lo que hemos visto es una voluntad real de abordar la actualización de nuestras retribuciones, algo que no se había hecho desde 2003», recuerdan esas fuentes. Sin revelar detalles de la negociación en marcha, porque «no hay nada cerrado», sí reconocen que se ha hablado de cuestiones «puntuales y concretas» sobre las que se seguirá dialogando el lunes. Y una de ellas son esos 44,6 millones de euros.

Justicia ha omitido esta cifra en la nota de prensa posterior a la reunión y se ha limitado a señalar que «se les ha ofrecido (a las asociaciones) una propuesta de adecuación salarial en relación al nuevo modelo de Justicia que va a ser impulsado por las leyes de eficiencia, con especial incidencia en los jueces, magistrados y fiscales destinados en órganos unipersonales». Sí destaca el departamento de Llop el «papel relevante» que el Gobierno confía a ambos colectivos en la implementación de las tres leyes de eficiencia –organizativa, procesal y digital–», fundamentales todas ellas para el plan Justicia 2030 que ya puso en marcha el exministro Juan Carlos Campo.

La ministra Llop es consciente de que la cita de este miércoles operaba a modo de ultimátum y que salir de esta reunión sin acuerdo habría supuesto afrontar una nueva huelga, que si sigue adelante (no se ha desconvocado) se solapará con las movilizaciones de los funcionarios de Justicia y las de los abogados de oficio y arrancará solo dos meses después de la que secundaron los letrados de la Administración de Justicia (LAJ). A la paralización de asuntos que implicaron los paros de estos últimos durante esas ocho semanas (fueron suspendidos 400.000 juicios y vistas y bloqueados 1.500 millones de euros) se sumaría ahora el colapso derivado de este nuevo parón.

Entre las reivindicaciones de jueces y fiscales, las de carácter económico, pero no son las únicas que han llevado a esa mesa. Se plantan también por las cargas de trabajo que tienen, y que afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía. «Todo se fía a planes de refuerzo y a la dedicación de profesionales, que no puede ser el único remedio a la sobrecarga y la elevada litigiosidad«, señalaban horas antes de entrar a la reunión.

Las asociaciones llegaba a este punto tras haber mantenido sendas reuniones «decepcionantes» con el ministerio los días 31 de marzo (los jueces) y 4 de abril (los fiscales) y tras la desconvocatoria, «sin explicaciones», de la mesa de retribuciones fijada en octubre de 2022 tras haberla reclamado desde marzo de ese año. En este sentido, el ministerio no podía dar más largas.

Hace apenas unos día los propios jueces y fiscales aseguraban haberse cansado de la «actitud prudente, callada y responsable» que han mantenido hasta ahora y que desde hace un año no ha dado fruto alguno. Lamentaban que ni siquiera se les hubiera permitido hablar directamente con el Ministerio de Hacienda, que legalmente forma parte de la Mesa y quien ha tenido un papel fundamental para desencallar la huelga de los LAJ con una subida de 430 a 450 euros.

Ambos colectivos denunciaban, además, un «contexto de sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia, que degrada la calidad de la respuesta institucional que obtienen los ciudadanos que acuden a los Tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos».