Jueces y fiscales alertan del «daño irreparable» que supone no dimitir

«La resolución del Tribunal Supremo era previsible, no sorprende realmente. Pese a ello y pese a la postura de Álvaro García Ortiz, seguimos defendiendo que debería dimitir y no acudir al juicio oral manteniendo la condición de fiscal general», dice Cristina Dexeus, presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales. Dexeus no comparte las razones que esgrime el número uno del Ministerio Público para mantenerse en el puesto porque continuar «debilita la institución, tensa la situación al presentarse ante el tribunal como fiscal general del Estado» y compromete la postura del fiscal del juicio.

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), también la primera en representación de la carrera, en este caso judicial, María Jesús del Barco ve el auto del pasado martes como «el paso que quedaba». De su asociación partió el comunicado del día previo a la apertura del año judicial en el que se pidió a García Ortiz que no acudiera ni interviniera en el acto del pasado viernes precisamente «por respeto a las instituciones».

Noticia Relacionada

Moncloa se ata al fiscal general: «Confiamos en su inocencia»

Ainhoa Martínez e Inés Ruiz-Jiménez

La portavoz gubernamental, Pilar Alegría, ha asegurado que «este Gobierno mantiene la confianza en el fiscal general del Estado y en su inocencia»

Por su parte, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Sergio Oliva, apunta a que con este auto «veremos una imagen nunca antes vista en democracia: un fiscal general sentado en el banquillo de los acusados». «Con independencia de proclamar su presunción de inocencia y del resultado del juicio, será una imagen que causará un daño irreparable al prestigio de la Fiscalía española», añade.

También desde el colectivo de los jueces Fernando Portillo, de Foro Judicial Independiente, coincide con sus compañeros en que la apertura de juicio oral era «una resolución inevitable» porque así lo establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal una vez concluida la instrucción. A su juicio, que una misma persona reúna en sí misma la condición de fiscal general del Estado y de investigado «por la comisión de delitos graves presuntamente cometidos en el ejercicio de sus funciones, daña gravemente la imagen de la Fiscalía, como institución, y, además, la apariencia de imparcialidad de los fiscales del caso». «Ahora que ya está formalmente procesado y que, inevitablemente, va a sentarse en el banquillo, la imagen, desde luego, va a ser muy dañina: el juicio será público y, por tanto, las fotos quedarán ahí para la historia, y no para bien», afirma.

Una vez presentado el escrito de defensa por parte de la Abogacía del Estado que representa a García Ortiz, la Sala Penal señalará el juicio oral, previsiblemente en el mes de noviembre, supeditándolo a otros señalamientos de esta Sala Segunda. Como adelantó ABC el 31 de julio, el veterano magistrado recientemente nombrado presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez-Arrieta, presidirá el tribunal que juzgue al fiscal general, de la misma forma que su antecesor, Manuel Marchena, lo hizo en el caso del 'procés'.

Junto con Martínez-Arrieta estarán en principio, como es habitual, los magistrados que participaron en la admisión de la exposición motivada que dio origen a esta causa. Se trata de Manuel Marchena, Susana Polo, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela. A ellos se añadiría otro magistrado para conformar un tribunal de siete que juzgará a García Ortiz en un juicio que durará unos cinco días, según se estima en el TS.