Dos asociaciones judiciales retan al Gobierno a que se querelle contra los jueces a los que acusa de prevaricación

Así lo aseguran en un comunicado conjunto apenas cuatro días después de la polémica apertura del año judicial y de las últimas manifestaciones de Bolaños en una entrevista este fin de semana en las que ahonda en las afirmaciones que Sánchez vertió en la televisión pública el pasado día 1 contra los instructores que investigan a su entorno más cercano.

En el escrito, al que ha tenido acceso ABC, la segunda asociación de la carrera y Foro Judicial sostienen que el «recto ejercicio» de los cargos que el presidente y el ministro ostentan «no es compatible con expresiones que cuestionan el normal funcionamiento de las instituciones públicas y menoscaban la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia».

Respecto a Sánchez recuerda que en horario de máxima audiencia, el pasado 1 de septiembre Sánchez manifestó que «hay jueces haciendo política», y apeló al CGPJ para que estudie si estas causas «tienen los parámetros de independencia y de respeto a la presunción de inocencia que merecen todos los ciudadanos». El jefe del Ejecutivo, recuerdan las asociaciones, puso en relación esta afirmación con determinados procedimientos penales en los que se investigan actuaciones supuestamente realizadas por personas de su entorno y por el actual fiscal general del Estado, llegando a decir que «hay jueces que no cumplen con la ley. Hay un problema de desempeño, de instrucción, de pena del telediario, que al final están pagando dos personas por el mero hecho de ser familiares míos». Recuerdan que el presidente del Gobierno se ratificó en estas afirmaciones al día siguiente, en un encuentro con periodistas extranjeros.

Posteriormente, tras el acto de apertura del año judicial, en una entrevista publicada este domingo en El País, el ministro Bolaños indicó que las manifestaciones de Sánchez eran la constatación de «una realidad incontestable», llegando incluso a pedir al CGPJ que «dé un toque serio por algunas instrucciones indefendibles», como si el CGPJ «pudiera inmiscuirse» en la labor jurisdiccional de jueces y magistrados, apuntan las asociaciones.

«Más allá del derecho a la libertad de expresión y de la legitimidad que en democracia ha de tener la posibilidad de criticar el contenido de resoluciones judiciales, estas declaraciones suponen un daño gravísimo a la separación de poderes y a la confianza que los ciudadanos han de tener en sus jueces y magistrados».

A su juicio, el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia «no se han limitado a mostrar su discrepancia» con algunos autos y sentencias. «Lo que sostienen es que en nuestro país existen jueces y magistrados que, en lugar de someterse al imperio de la ley, dictan sus resoluciones siguiendo un interés estrictamente político. Sencillamente, están afirmando que algunos miembros del poder judicial incurren en prevaricación, que es el más grave delito que un juez puede cometer en el ejercicio de su función. Es como si desde una asociación judicial se dijese alegremente que hay unos pocos ministros en el Gobierno de España, o unos pocos diputados o senadores, que son corruptos».

«La gravedad de estas afirmaciones es enorme», concluyen, sin que el hecho de que digan que los comportamientos denunciados son muy minoritarios «reste trascendencia a lo dicho». Opinan que el mensaje que se traslada al ciudadano es que, «si un juez actúa así, cualquiera puede hacerlo».

Les preocupa, además, que este discurso se esté normalizando hasta el punto de que participan de él los máximos representantes del Ejecutivo. «En una democracia avanzada, no es de recibo que un presidente del Gobierno y un ministro de Justicia trasladen a la ciudadanía acusaciones tan graves sobre el ejercicio de la función jurisdiccional, y que ello no tenga consecuencia alguna».