Los ministros del visillo y la izquierda reaccionaria

Hace ya décadas que la izquierda del visillo se entregó en brazos de la corrección política, un fenómeno universal. La mutación a la española es la interpretación torticera de las expresiones del adversario. Dos ejemplos recientes. Cuando Feijóo le dijo a Sánchez en febrero del año pasado «deje usted de molestar a gente de bien», la izquierda del visillo saltó indignada: «Feijóo divide a los españoles entre buenos y malos». Cuando la anterior alcaldesa de Pamplona dijo estas navidades que prefiere «fregar escaleras» a pactar con Bildu, la izquierda del visillo clamó al cielo denunciando «clasismo». Eso sí, de Tito Berni o de Pablo Iglesias deseando azotar a Mariló Montero «hasta que sangre» esta izquierda no dice nada.

Pero el salto cualitativo está en la judicialización de los comportamientos sociales, como si la vieja del visillo se hubiese sacado Derecho. En los últimos tiempos hay tres momentos que forman una línea: el colegio mayor Elías Ahuja, cuyos alumnos fueron investigados penalmente por delito de odio; el caso Rubiales, acusado de un delito de agresión sexual; y el asunto del monigote apaleado en Ferraz en Nochevieja, a cuyos protagonistas el PSOE les acusa ni más ni menos que de incitación al magnicidio. Me pregunto si este PSOE va a pedir también que se acuse de llamar al asesinato de Rajoy cuando guillotinaron en 2013 un monigote suyo.

Cómo sustraerse, al escribir este artículo, a la presión de tener que aclarar una obviedad: los chicos del Ahuja, el presidente de la RFEF y los ultras de Ferraz protagonizaron comportamientos impropios y reprobables desde la más mínima concepción ética de la vida en sociedad. Esto que acaba usted de leer es lo que la reciente incorporación a ABC Rebeca Argudo denomina un 'vayapordelantismo', la necesidad de tener que aclarar lo obvio antes de dar una opinión libre, no vaya a ser que las hordas de lo políticamente correcto te tachen de empatizar con ultras o algo peor: de ser un ultra. De modo que la estrategia que subyace tras la línea que forman estos tres casos es doble: una jurídica, la consideración penal de determinados comportamientos; y otra mediática, la conversión de esos tres casos en cortinas de humo. Y ambas conducen a lo mismo: la autocensura y el manejo del debate público.

Es sabido que la izquierda, según Sánchez, es camaleónica: depende del entorno, se afirma en función de los otros. La izquierda, según Sánchez, choca con los postulados de la izquierda más liberal y avanza hacia posiciones reaccionarias. Y eso sucede porque los posicionamientos de Sánchez no obedecen a ideología, sino una única lógica: el poder. Lo dijo Rubalcaba: el problema de pactar con radicales es que crees que los vas a atraer a la moderación y, al final, son ellos los que te arrastran a ti a la radicalidad. Esto puede pasarnos a todos, porque todos somos influenciables, pero a Sánchez le pasa más porque su anclaje ideológico es el poder.

También es sabido que la forma de ejercer el poder de Sánchez es jugando en el escenario del adversario. La mejor forma de no hablar de mí es hacer oposición a la oposición. La mejor forma de no hablar del Gobierno es hablar de la derecha: por eso Sánchez habló de levantar un muro, por eso el PSOE disfruta utilizando a Vox para hacer la pinza al PP, su auténtica amenaza.

El pasado mes de noviembre, en la primera Ejecutiva después de su investidura, Sánchez echó en cara a los dirigentes socialistas que nadie salía a defenderle. Mensaje captado. El ejército de fieles que tiene a su alrededor –impresionante su capacidad para mantener a su equipo en posición de firme– salió el pasado 1 de enero a rasgarse las vestiduras por las barrabasadas de los ultras de Ferraz. El propio PSOE emitió un comunicado que condenaba los hechos –como es lógico–, pero que aprovechaba para apuntar al PP y en concreto a Feijóo y Díaz Ayuso. Estrategia política. El partido, seis ministros y el portavoz parlamentario, Patxi López, que se preguntaba como la doliente: «¿Qué será lo siguiente?»

Probablemente sea Patxi López quien mejor interpreta el papel de vieja del visillo, aunque hay algún otro ministro con maneras moralistas de cura antiguo. Eso sí, ni él ni ninguno de esos ministros del visillo se preocupó por eso cuando guillotinaron al muñeco de Rajoy o «lo siguiente»: cuando al presidente –al de verdad– un chaval le pegó un puñetazo en plena campaña electoral. Es más, desde la izquierda se le quitó hierro al asunto llegando a acusar a ABC de colorear el moratón de Rajoy en la portada del día siguiente. Hasta ahí el desnorte de aquella izquierda a la que le parecían muy bien los escraches a Soraya Sáenz de Santamaría cuando estaba en su casa con su bebé. O a Francisco Camps –nueve veces absuelto, ninguna condena– en la suya. O aquellos ultras persiguiendo calle arriba a la presidenta Cifuentes o a la embarazada vicealcaldesa Begoña Villacís. Iglesias los consideraba «jarabe democrático», pero la izquierda moderada lo vio con media sonrisa. Y ojo: no eran monigotes, eran políticos de carne y hueso.

Otro 'vayapordelantismo': la violencia hay que condenarla siempre, en las puertas de Ferraz en 2023 y en las de Génova en 2004: yo estuve allí con mi cuaderno y mi grabadora y lo que anoté y grabé no eran cánticos de paz. También hay que condenar los 'Rodea el Congreso' que acabaron con medio centenar de heridos y detenidos, o la concentración en torno al Parlamento andaluz en 2018 con dirigentes socialistas apoyando con su presencia a quienes gritaban al vencedor de las elecciones. «Alerta antifascista», se decía ante la investidura de Juanma Moreno.

Así que desconfíe cuando vea a Sánchez y a sus ministros convertidos en el grito de Munch, rasgándose la sotana, victimizándose, elevando a categoría a los ultras y poniendo al mismo nivel a 300 descerebrados con los millones de ciudadanos pacíficos manifestándose contra la amnistía.

El primero de los tres casos, el del Ahuja, quedó finalmente en nada: archivado en los tribunales y en la Complutense, y con el mismo número de solicitudes de ingreso un año después. El segundo, el de Rubiales, ha acabado con su carrera porque el Gobierno así lo quiso, el mismo Gobierno que lo protegió durante años a pesar de otros escándalos también reprobables. En los tribunales, aún está en fase de instrucción, pero hay serias dudas en el mundo jurídico con que el «piquito» pueda ser considerado una agresión sexual y parece que todo puede acabar en una multa o trabajos a favor de la comunidad por vejaciones injustas. Es decir: un asunto de la jurisdicción civil. Y en el tercero, el del monigote de Sánchez, lo de considerarlo «magnicidio», como hace, el PSOE no lo comparte ni Yolanda Díaz.

Los tres tienen en común la búsqueda por parte del Gobierno de atribuciones penalmente punibles. Los tres tienen en común la utilización de los altavoces mediáticos del Gobierno para tratar de llevar el debate público lejos de su gestión. Y los tres tienen en común la estrategia también antigua de la cortina de humo: cada minuto que se habla de esto no se habla de Puigdemont, de la amnistía, de Pamplona o de los terroristas en las listas de Bildu y no hay cabida para análisis profundos sobre la situación económica.

El problema es que cuando la izquierda española se extrema y muta en reaccionaria quiere prohibir y prohibir y apadrinar la censura como paso previo al objetivo final: la autocensura como vía a una sociedad uniforme en la que todo el mundo piensa, siente y dice lo mismo. De ahí la idea del presidente del Gobierno de levantar un muro detrás del cual hay 11 millones de votantes a los que se asimila a los ultras de Ferraz, a los genitales de Rubiales, a los becerros del colegio mayor.

Y una ironía más: el Gobierno de «la desjudicialización de la política» se dedica a judicializar la vida social. Y eso es una nueva extralimitación de sus funciones. Para que la sociedad avance no necesita que los gobernantes se conviertan en una jauría de inquisidores y censores de la opinión. España no necesita una izquierda antigua y reaccionaria ni volver a las viejas del visillo.