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¿Qué implica que se tramite la iniciativa de Junts que pide una cuestión de confianza?

Esa ha sido la condición pactada con los independentistas catalanes para sacar adelante una versión reducida del decreto ómnibus que se malogró la semana pasada

El Gobierno cede ante Junts debatir sobre la cuestión de confianza a cambio de medidas sociales en un nuevo decreto

Pedro Sánchez, a su llegada a la sala de prensa de la Moncloa para anunciar su acuerdo con Junts JAIME GARCÍA
J. C.

J. C.

Madrid

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El Gobierno ha aceptado este martes que el PSOE y Sumar tramiten la proposición no de ley de Junts que pide a Pedro Sánchez someterse a una cuestión de confianza, a cambio de que el partido del prófugo Carles Puigdemont apoye un nuevo real decreto ley con algunas de las medidas tumbadas la semana pasada, entre ellas la revalorización de las pensiones. ¿Qué implica esta cesión?

Cesión más simbólica que efectiva

En resumidas cuentas, se trata de una cesión a los separatistas más simbólica que efectiva. La cuestión de confianza es una de las tres vías recogidas en la Constitución y el Reglamento del Congreso para que alguien obtenga el respaldo de la Cámara Baja para ser –o continuar siendo en este caso– el presidente del Gobierno. Las otras dos son la investidura y la moción de censura.

El pacto alcanzado entre el Ejecutivo y Junts para salvar parte de las medidas de la semana pasada no supone, en ningún caso, que Sánchez se vaya a someter a una cuestión de confianza. De hacerlo y perderla, se vería obligado a dimitir y se abriría un nuevo proceso de investidura. No es el caso. ¿Entonces, qué es lo que acepta ahora el Gobierno?

¿Qué ha aceptado el Gobierno?

Lo que asumen ahora el PSOE y Sumar es que la Mesa del Congreso, órgano rector de la actividad parlamentaria en el que tienen mayoría, tramite la proposición no de ley de Junts –una iniciativa no vinculante que emite un mandato del Parlamento al Gobierno, pero que no es de obligado cumplimento– que reclama a Sánchez someterse a una cuestión de confianza.

Hasta ahora, había dudas jurídicas sobre si se debía admitir a trámite o rechazar la iniciativa de Junts porque, tal y como adelantó ABC, hay letrados del Congreso que entienden que su debate equivale a una cuestión de confianza encubierta. Aunque de aprobarse no tendría efectos jurídicos y Sánchez no tendría que dimitir, en eso no hay dudas, sí se estaría poniendo en duda la confianza en el presidente del Gobierno fuera de los cauces reglamentariamente establecidos.

Sánchez puede desoír el mandato sin consecuencias

Con el acuerdo de este martes, la proposición no de ley se debatirá y tendrá que someterse a discusión en el pleno. De obtener más votos a favor que en contra, el Congreso instará formalmente a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza real, pero este es un mandato que él puede desoír sin ninguna consecuencia. Eso sí, si el PP, Vox y Junts votan a favor, estarían evidenciando indirectamente que una mayoría parlamentaria cuestiona al jefe del Ejecutivo.

Una vez investido Sánchez, y dado que no quiere someterse a una cuestión de confianza real, la única vía para desalojarlo del poder es una moción de censura. Para presentarla, hacen falta 35 diputados y proponer un candidato alternativo. El PP es el único que puede hacerlo en solitario esta legislatura, pero no quiere si no tiene los apoyos garantizados. Y tanto Junts como el PNV han dejado claro que no harán presidente a nadie que dependa de Vox, como es el caso.

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