La imparcialidad, una asignatura pendiente en el Tribunal Constitucional

Un juez puede saber que incurre en una causa de abstención y no decirlo, pero lo que parece obvio es que no la va a alegar si realmente considera que no hay motivos para ello. Por eso lo que la mayoría progresista del Tribunal Constitucional hizo hace unos días con Concepción Espejel, obligándole a participar en el debate sobre el aborto, no responde a lógica alguna.

Menos aún cuando en ese mismo Pleno se avaló la abstención de Juan Carlos Campo en siete asuntos diferentes tras alegar el magistrado y exministro su vínculo sentimental con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y su participación en el Consejo de Ministros que aprobó leyes impugnadas hoy ante el tribunal. Lo mismo puede decirse de Laura Díez, a quien también se ha dado luz verde para apartarse del recurso contra el real decreto de la Generalitat que burló el 25 por ciento de castellano en las aulas.

Al margen de opiniones que los miembros del tribunal han podido verter en etapas anteriores en conferencias, foros o publicaciones –y sobre las que el TC parece dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva–, es evidente que la intervención de Espejel en la ley del aborto traspasó cualquier frontera de imparcialidad.

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Como vocal del Consejo General del Poder Judicial llegó a suscribir un voto particular –junto con Claro José Fernández– al informe de la mayoría en el que defendió que se mantuviese la pena de cárcel para las mujeres que interrumpieran su embarazo fuera de los casos permitidos. También sostuvo que el aborto en las primeras catorce semanas de vida supone priorizar la libertad de la mujer en perjuicio de la protección del no nacido.

Objetivamente parece que no hay duda de que incurre en al menos una de las causas de abstención previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la de «(...) haber ocupado el juez o magistrado cargo público administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad».

Pese a lo llamativo del asunto, para la mayoría progresista su abstención no está justificada, entre otras cuestiones porque el objeto del recurso del PP «no coincide con el del anteproyecto». La explicación es un tanto peculiar: uno de los motivos de la impugnación fue precisamente la posible inconstitucionalidad del aborto en las primeras 14 semanas de gestación.

Así las cosas, la actuación de los siete magistrados progresistas solo puede entenderse de una forma: aceptar la abstención de Espejel habría supuesto que los otros tres miembros del tribunal cuestionados por esa falta de imparcialidad, entre ellos el presidente, Cándido Conde-Pumpido, tuvieran que seguir sus pasos. Y no solo en este recurso, sino en el que entrará en el TC tan pronto como la nueva ley de Belarra, del actual Gobierno de Sánchez, culmine el trámite parlamentario. Quién sabe si por entonces se habrá cubierto ya la plaza de Alfredo Montoya y el riesgo a dejar el TC sin quorum dejará de servir como argumento.

Pero más allá del asunto concreto, del marco en el que se ha producido el rechazo a esta abstención, lo realmente preocupante es el valor que el actual Tribunal Constitucional parece dar a la imparcialidad, tan necesaria para la confianza que los ciudadanos deben tener en la Justicia e indispensable para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El respeto a las decisiones judiciales depende en gran medida de la confianza que se tenga en la imparcialidad e independencia de los jueces. Y en este sentido, hay sentencias, como la del aborto, que arrastrarán siempre la incógnita sobre la debida constitución del tribunal. El ciudadano agradece la premura del nuevo TC en la resolución del recurso, pero trece años de retraso bien merecían haber hecho las cosas mejor.