Las horas del 'shock' en PP y Vox: «El lunes yo no daba crédito»

La sensación generalizada en el PP y Vox, según las fuentes consultadas por ABC, fue de «desconcierto, preocupación e incredulidad». Hubo lágrimas cuando, pese a los intentos de maniobras 'in extremis' para intentar solucionar lo imposible, empezó a comprenderse el alcance del error cometido. «Ha sido una gran cagada», reconoce en privado, sin paliativos, un miembro de la dirección de los populares. «Es una putada», sentencia un diputado de Vox sin ocultar su indignación. En los momentos iniciales, de dudas e incertidumbre, ardieron los teléfonos móviles.

Llamadas a los diputados que formaron parte de la ponencia que redactó el informe de la ley, mensajes cruzados entre periodistas, políticos, asesores y juristas, videollamadas para pedir explicaciones... Como cada lunes, había rueda de prensa en las sedes nacionales de los partidos. El PP había convocado a los medios de comunicación en Génova y Vox, en Bambú. La primera reacción, casi improvisada y sin conocer aún si existía margen de maniobra, le tocó a los portavoces de ambas formaciones, Borja Sémper y José Antonio Fúster.

ABC, en enero del año 2022, desveló que en el plan de acción del Gobierno figuraba una rebaja de penas de la que se iban a beneficiar decenas de etarras. Y este lunes, 'El Confidencial' adelantó 'el truco' utilizado por el Ejecutivo y sus socios. Una «artimaña», como la definió Sémper, de la que no se percataron ni el PP ni Vox, que participaron en la ponencia de la ley, ni tampoco Unión del Pueblo Navarro (UPN), que votó a favor del texto en el pleno del Congreso.

El 31 de julio, en pleno periodo estival y el último día hábil del curso político, se reunió la ponencia encargada de debatir la ley para trasponer una directiva europea de intercambio de información sobre antecedentes penales entre los países miembros de la Unión Europea. Un objetivo aparentemente tan noble como inocuo. Sin embargo, Sumar introdujo dos enmiendas de aspecto aséptico que fueron incorporadas al informe elevado por la ponencia a la Comisión de Justicia.

Una modificaba el artículo 14 del texto, que fijaba que en líneas generales se tengan en cuenta las condenas cumplidas en otros países para calcular el tiempo máximo en prisión tras una sentencia en España, y la otra eliminaba la disposición adicional única incorporada en la anterior trasposición de esta norma, en 2014, que establecía que se ignorasen los casos anteriores al 15 de agosto del 2010. El efecto: decenas de etarras saldrán mucho antes de lo previsto de la cárcel.

Los letrados de la Comisión de Justicia no advirtieron en ningún momento de esa posible consecuencia y tampoco se dieron cuenta sus señorías. «Estamos hundidos. Yo el lunes no daba crédito. Estamos todos muy tocados», reconoce a ABC un miembro del Grupo Popular que forma parte de la Comisión de Justicia, pero que no participó en el informe elaborado por la ponencia. «Te fías de lo que se hace. A nadie le gusta verse envuelto en esa situación, pero yo les doy todo mi apoyo», dice otro diputado, preguntado por el papel de sus compañeros.

Formaban parte de la ponencia que redactó la ley, y que incorporó las dos enmiendas de Sumar que han sembrado ahora la discordia, los diputados del PP José Manuel Velasco, Rafael Belmonte y Ana Belén Vázquez -aunque esta última fue sustituida el día de la reunión por su compañera María Jesús Moro- y los de Vox Emilio del Valle y Pedro Fernández.

Moro, según algunos de sus compañeros, está «jodidísima», aunque todos están «muy afectados». El lunes se les puso a todos ellos en el disparadero, aunque lo cierto es que no fueron los únicos que fallaron. La ley superó el filtro de la ponencia, el de la Comisión de Justicia y el del Pleno del Congreso. Después, en el Senado tampoco cayeron en las consecuencias de eliminar la disposición adicional única y ningún partido de la oposición registró enmiendas ni vetos. La noticia trascendió la víspera del debate que estaba previsto en el Senado. Tarde.

De hecho, en 2014, el proyecto de ley de Mariano Rajoy tampoco había previsto este resultado y fue el PP, en el Senado, quien enmendó el texto añadiendo la enmienda adicional única cuya eliminación, ahora, tendrá un beneficio directo para decenas de presos de ETA. Sémper habló en su primera reacción de un «error generalizado» y Fúster incluso afirmó que podía haber otra interpretación que no los favoreciese.

Pero según avanzaron las horas y el 'shock' fue sustituido por la aceptación, los partidos movieron ficha. Pepa Millán, la portavoz del Grupo Vox en el Congreso, ofreció una rueda de prensa para pedir perdón a las víctimas y exigir a los populares la retirada de la ley del orden del día del Senado. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llamó a la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, para trasladarle sus disculpas. Esa misma tarde, el PP informó de que aplazaba el debate de la norma para ganar tiempo –finalmente se celebrará este lunes– y exigir al Gobierno su retirada.

Vox, esa noche, registró enmiendas para suprimir las dos introducidas por Sumar, pero estaba ya fuera de plazo para hacerlo. Al tramitarse la ley por el procedimiento de urgencia y no haberse promovido vetos ni enmiendas, este lunes, 14 de octubre, concluirá, sí o sí, el tiempo máximo de permanencia en la Cámara Alta. El lunes 7, Ignacio Hoces, diputado con ascendiente en Vox, hizo una videollamada con los miembros de su partido en la ponencia para pedir explicaciones. Al día siguiente, el martes 8, fue la dirección del Grupo Parlamentario Popular la que se reunió con sus ponentes.

El PP registró entonces la petición de introducir cambios en el texto antes de su votación, pero esta debía ser respaldada, misión imposible, por la unanimidad de los grupos. Vox volvió a la carga el viernes para intentar que de forma excepcional se permitiese el registro de enmiendas fuera de plazo y, en caso contrario, para que la Mesa del Senado considere que, de votarse en contra de la ley este lunes, se está aprobando un veto que nunca se planteó.

Del Valle ofreció su dimisión el martes, igual que dos de los tres ponentes del PP, pero sus partidos las rechazaron. Y es que pese a que se asume el «error», la «cagada», ambos coinciden en algo: el culpable real, el único, es Pedro Sánchez porque el Ejecutivo tiene capacidad de retirar la norma y no lo hace. «El PSOE utiliza a Sumar para pagar el precio a Bildu», lamenta un diputado del PP. «El que lo ha hecho todo conscientemente es el Gobierno», subraya un miembro de la ejecutiva de Vox. La oposición, desde la impotencia, reconoce que necesita «pasar página» aunque su voto en contra tampoco hubiese sido suficiente para frustrar la ley.