Sánchez sostiene que su reforma no beneficia en nada a los etarras

Fue Feijóo el que introdujo el asunto nada más subirse a la tribuna: «Retire la ley que deja sin efecto más de 300 años de prisión a los condenados por asesinatos de ETA. Tiene cinco días. Si le queda un mínimo de conciencia, recapacite», le espetó. Por ahí siguió su discurso antes de ocuparse de la cuestión migratoria, lo que provocó que la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol, le interrumpiese para pedirle atenerse a la cuestión. No lo hizo la expresidenta de Baleares cuando luego portavoces como Íñigo Errejón (Sumar), Gabriel Rufián (ERC) o Mertxe Aizpurua (Bildu) introdujeron temas distintos al de la comparecencia durante buena parte de sus discursos. Sólo la líder de Podemos, Ione Belarra, se llevó la misma advertencia tras una intervención antagónica a la de Feijóo, pero también muy crítica con el presidente, cuya política fue tildada de «puro racismo» por la exministra.

El presidente del Gobierno, que también incurrió en digresiones varias sin advertencia alguna por parte de la Presidencia, habló por primera vez tres días después de trascender la norma que beneficiará a los etarras y lo hizo para negar la mayor. «No hay rebajas de condenas», zanjó. Lo que se hace, argumentó, es «tener en cuenta los años que los presos ya han cumplido en cárceles en el extranjero, conforme al derecho europeo». «A quienes se les condenó a treinta años, cumplirán treinta años, y a quienes se les condenó a diez años cumplirán diez años. No hay rebaja alguna, señorías del PP, ustedes lo saben y por eso votaron a favor de este proyecto de ley», aseguró, antes de dirigirse de manera más sarcástica al líder de los populares: «¿Por qué ha cambiado de opinión? ¿Le han apretado, señor Feijóo? ¿O es que su grupo es incluso más torpe de lo que parece?» De manera parecida, Errejón zahirió a los populares por haber votado a favor de la reforma: «Es importante escuchar, igual que es importante leerse lo que uno vota».

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El líder del PP, que el día antes pidió perdón públicamente por el «error injustificable» de su grupo parlamentario al no advertir las consecuencias de dos enmiendas introducidas en la reforma de intercambio de información sobre antecedentes penales, le había dicho previamente: «Si no retira la ley, puede disfrutar de esta victoria miserable. Quédese con el voto de Txapote».

La norma no se retirará, lo que el Ejecutivo puede hacer durante su tramitación, ya en el Senado. Sánchez, incluso, defendió las enmiendas que se introdujeron a la reforma y que eliminaron la disposición adicional introducida en su día por el Gobierno de Rajoy, para, mediante un límite temporal, fijado en el 15 de agosto de 2010 -fecha límite para trasponer la norma europea sobre equivalencia de penas entre países de la UE-, evitar el beneficio del que ahora disfrutarán tantos presos de ETA, incluidos varios exjefes de la banda terrorista. Aunque esas enmiendas no las presentó el Grupo Socialista, sino su socio de coalición, Sumar. «Las enmiendas se hacen eco de una cuestión prejudicial que presentó en enero de 2024 la Audiencia Nacional de España ante el Tribunal de Justicia de la UE», señaló, añadiendo: «Además, toman como punto de partida, y esto me parece también muy importante reseñarlo aquí a sus señorías y a los ciudadanos, un proyecto de ley del PP del año 2014, que cuenta además con el informe favorable del Consejo de Estado». Un proyecto que el propio Rajoy modificó en línea diametralmente opuesta a la de dichas enmiendas.

Sánchez, eso sí, huyó de la ambigüedad con la que hasta entonces se había manifestado su Gobierno, incluida la portavoz, Pilar Alegría, que tras difundir bulos en la rueda de prensa del martes sobre esta materia y sobre el auto de la Audiencia Provincial de Madrid que avala el grueso de la investigación sobre Begoña Gómez, llegó al pleno junto al presidente, en un claro gesto de respaldo del líder socialista. La mañana iba de gestos, a uno y otro lado.

En su turno, el líder de Vox, Santiago Abascal, habló menos de la rebaja de condenas a etarras que Feijóo y, por contra, se atuvo a la cuestión, una de las más señeras para su formación. Lo hizo repartiendo culpas entre PSOE y PP por, dijo, haber alentado la regularización de medio millón de inmigrantes y de prometerles «el paraíso». «Nos dicen que vienen huyendo de guerras y de miserias, pero no llegan normalmente mujeres y niños, sino una inmensa mayoría de varones fornidos en edad militar y procedentes de países en los que no hay guerra, como Marruecos, Argelia o Mauritania», argumentó.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y su homóloga de Junts, Míriam Nogueras, aprovecharon el debate para confrontar, plasmando a las claras la enorme brecha que separa a los dos partidos hegemónicos del independentismo catalán. Ambos coincidieron, en cambio, en exigir a Sánchez que Cataluña tenga una mejor financiación, aunque sea en detrimento del resto de comunidades autónomas. Nada de 'café para todos'.

Agarrados al enunciado sobre el equilibrio fiscal -«no se puede hablar de fiscalidad sin hablar de financiación», aseveró Rufián-, ambos sacaron a colación el acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para hacer presidente de la Generalitat de Cataluña al socialista Salvador Illa. Rufián lo defendió a capa y espada, mientras Nogueras lo menospreció y exigió al Gobierno que 'cumpla' con Cataluña. El republicano vaticinó que Junts «acabará haciendo presidente a Feijóo»

El control, que como siempre que hay pleno monográfico se celebró en sesión vespertina, apenas sirvió para reiterar posiciones.