La guerra entre Yolanda Díaz y Podemos sitúa a Sumar en un limbo jurídico

El desajuste se produce porque los fines reales de Sumar son ya los de una formación política desde que el pasado día 2 Yolanda Díaz anunció que se presentará como candidata a presidenta del Gobierno en las próximas generales. De hecho, a esta carrera responde la campaña de financiación lanzada por la vicepresidenta segunda para obtener 100.000 euros en microdonaciones y cuya auditoría se encuentra ahora rodeada de incógnitas, ya que el Tribunal de Cuentas no tiene capacidad para fiscalizar a asociaciones no vinculadas a partidos políticos.

La cuestión no es menor porque, como recuerda el catedrático de Ciencia Política de la UNED José Antonio Olmeda, el Tribunal de Cuentas (TCu) encuentra decenas de irregularidades en la contabilidad de los partidos políticos cada año, cometidas a sabiendas de que serán fiscalizados. «Imagino que lo hacen (Sumar) precisamente para evitar los controles y ganar tiempo. Según sean los resultados de Podemos en mayo, tendrán más libertad para optar por lo que más les convenga», señala este experto.

Noticia Relacionada

Yolanda Díaz pide 100.000 euros en donaciones de 'crowdfunding' para financiar Sumar y lograr un «proyecto autónomo»

S.E.

La actual vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo inicia una campaña de recaudación de fondos para su proyecto político

Precisamente, la institución que preside Enriqueta Chicano ha señalado como un problema que las entidades que se encuentran en la órbita de los partidos políticos no adecuen su actuación a sus fines fundacionales, y ha pedido a los partidos políticos que pongan fin a este tipo de situaciones. En su último informe de fiscalización, el Tribunal de Cuentas llamó a las formaciones a evitar que la actividad de sus asociaciones satélite «se limite en la práctica» a «la obtención de recursos que se pongan a disposición de los partidos políticos a los que estén vinculadas o de las que sean dependientes».

«Sumar no tiene ninguna obligación de rendir ante el Tribunal de Cuentas, puesto que es una asociación y no figura como partido político», señalan fuentes del citado organismo. «Si en un futuro decide constituirse como partido político e inscribirse en el Ministerio del Interior, se abrirán dos opciones de fiscalización que vienen establecidas por ley», apuntan desde la institución que preside Enriqueta Chicano.

En este sentido, estas fuentes recuerdan que, como partido político, Sumar «tendrá la obligación de rendir sus cuentas anuales» y que, si se presenta a las elecciones «y obtuviera representación y por lo tanto acceso proporcional a subvenciones públicas», el Tribunal de Cuentas fiscalizaría su contabilidad electoral «en el caso de que fuera competencia».

Esta explicación deja varias incógnitas. La primera es que pasará con las finanzas de Sumar previas. Es decir, como asociación antes de su constitución como partido. Y es que Díaz tendría varias opciones: disolver esta asociación, vincularla a la futura formación o no hacerlo. En función de ello podría existir fiscalización o no. Para que el Tribunal de Cuentas pudiera auditarlas, Díaz debería vincular la actual asociación al futuro partido y en ese caso tendría la obligación de enviar a esta institución «toda la documentación contable -como cuentas anuales, informe de auditoría, aportaciones- desde el ejercicio anual en el que se produjo la vinculación o dependencia», explican fuentes del TCu. Incluso en este caso, las finanzas de Sumar del año pasado quedarían fuera de cualquier auditoría de la entidad que preside Chicano.

La plataforma no aclara nada acerca de su futura arquitectura jurídica, ni siquiera si su intención es constituir un partido político o presentarse como una agrupación de electores. «Sumar es un movimiento ciudadano que establecerá la fórmula jurídica más adecuada cuando sea el momento», argumentan fuentes de la plataforma. «Somos un proyecto autónomo y plantearemos los siguientes pasos dialogando con las formaciones políticas que compartan el horizonte de país», subrayan, dejando todas las incógnitas en el aire.

Para evitar ser acusada de competencia desleal respecto a otras formaciones con las que disputará la presidencia del Gobierno, Sumar hace hincapié en que «entrega anualmente la documentación que corresponde como asociación» y en que «además, hemos adoptado un compromiso interno de cumplir los requisitos de los partidos, aunque como asociación no nos correspondería».

Al respecto, además de la auditoría a la que tienen que someterse, las cuentas de las formaciones políticas deben responder a una estructura mucho más compleja y detallada que la de las asociaciones, prácticamente limitada a los grandes apartados contables. En el caso de Sumar, al constituirse el año pasado como asociación, aún no ha dado a conocer sus estados financieros. Pero, al margen de las obligaciones financieras y de auditoría, los partidos políticos también tienen que cumplir una serie de requisitos de transparencia que Sumar, de momento, no está cumpliendo. La Ley de Transparencia exige a las formaciones que incluyan en sus páginas web las funciones que desarrollan, la normativa que le es de aplicación y la estructura con la que se organizan. Es decir, su organigrama interno actualizado identificando a los responsables de los diferentes órganos del partido, junto a su perfil y trayectoria profesional.

La página web de Sumar, sin embargo, no detalla nada de ello. Bajo el epígrafe de 'Un nuevo país', la plataforma se limita a recoger el nombre de las «personas coordinadoras» de sus distintas áreas, junto a una fotografía de cada una de ellas y un breve recorrido -de apenas 50 palabras- sobre su trayectoria profesional al margen de Sumar. El resto de apartados de la web son 'Súmate y dona' para recabar fondos; 'Proyecto de país' resumiendo en unos breves párrafos el proyecto de Díaz y 'Resolviendo dudas', en el que se responde a cinco preguntas centradas en cómo participar en el nuevo espacio político de la vicepresidenta segunda. Los otros tres epígrafes dirigen a la página que Sumar tiene en las tres principales redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram.

La opacidad sobre la organización interna de la asociación, sus estatutos o la composición de su junta directiva -información equivalente que Sumar podría proporcionar- está muy lejos de los deberes de transparencia que deben cumplir los partidos.