El Gobierno reclama por carta a la Hermandad de La Macarena la exhumación de Queipo de Llano

En la misiva, el Gobierno recuerda que desde 1951 los restos de Queipo de Llano se encuentran bajo el camarín de la Virgen de la Basílica de la Esperanza Macarena. El Gobierno argumenta que «su presencia en un recinto religioso destinado al culto y la oración ha sido objeto de un amplio debate social, del que se han hecho eco numerosos medios informativos y publicaciones nacionales e internacionales».

En su misiva el Gobierno traslada que en cumplimiento con la nueva Ley de Memoria es «obligado poner fin a esta situación». El artículo 38.3 de la nueva norma establece que «los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura». Además, el artículo 35.5 señala que «cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos».

El Gobierno busca que este proceso carezca del carácter conflictivo que tuvo la exhumación de los restos de Franco. Y que no se dilate tanto en el tiempo. La carta no se deja nada en ese intento por visibilizar entendimiento: «La Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora del Santo Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Esperanza Macarena desempeña un indudable papel referencial, tanto en la ciudad de Sevilla como en el resto del territorio nacional».

«En su condición de hermano mayor, las declaraciones públicas recogidas por los medios de comunicación son expresión inequívoca tanto de respeto hacia las disposiciones legales vigentes como de compromiso con su cumplimiento. No tengo duda de que la observancia de las normas establecidas en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, inspirada en los principios del Derecho Internacional Humanitario, se inscribe adecuadamente en los criterios de funcionamiento de la entidad que Ud. representa», recoge la carta.

El Gobierno agradece a Don José Antonio Fernández Cabrero «su buena disposición para facilitar al máximo y a la mayor brevedad posible la realización de los trámites necesarios para la exhumación». La pasada semana Fernández Cabrero dijo estar esperando que le trasladasen «qué tiene que hacer» ante la reforma de la Ley de Memoria Democrática. Ahora el Gobierno ya lo ha hecho, trasladando su disposición a colaborar con una exhumación que traslada que la Hermandad debe proceder sin dilación.

Pero Fernández Cabrero, que públicamente no ha ofrecido resistencias, sí planteaba hace días alguna duda. Según sus palabras, la Macarena no debe tomar una «decisión» al estar sus hermanos de la hermandad «divididos», con lo que urge a «arbitrar el decreto» estatal que determine la actuación a adoptar. Ahora, con la carta del Gobierno encima de la mesa el cauce ya parece inequívoco.