El Gobierno alega problemas de presupuesto para vetar la ley del PP de ayuda a los afectados por la dana
Alicia García, portavoz del PP en el Senado, anuncia que volverán a registrar la ley para superar este veto porque «es lo que merecen los afectados»
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La portavoz del PP en la cámara, Alicia García
Los afectados por la dana de Valencia han visto hoy cómo una de las leyes impulsadas para «agilizar y ampliar las ayudas» queda paralizada tras un informe del Gobierno que considera inasumible el impacto presupuestario que la norma, impulsada por el PP en ... el Senado, tendría en las cuentas del Estado.
Así lo ha desvelado este martes Alicia García, portavoz de los populares en la Cámara Alta, quien ha denunciado que el Ejecutivo «no permita ni el debate de esta iniciativa tan necesaria para los valencianos», porque «la ausencia de Presupuestos Generales del Estado no debe ser excusa para ayudar a los valencianos».
En la ley registrada por el PP se encuentra la mejora de la gestión de las ayudas directas, una mayor eficiencia en la gestión del Fondo de Reconstrucción y del Régimen de ayudas a las Comunidades Autónomas y Entes Locales, y un plan específico para los autónomos ante situaciones de emergencia. Una serie de medidas destinadas a mejorar de manera inmediata la situación de los afectados por la riada.
«Enemigo número uno de los valencianos»
«Sánchez se ha convertido en el enemigo número uno de los valencianos. Los afectados por la dana no pueden esperar más. Después de más de 100 días de la catástrofe necesitan que las ayudas lleguen de manera urgente. Y ni las ayudas del Gobierno de Sánchez llegan ni son suficientes», señala García, quien anunció que su grupo volverá a registrar la ley para intentar superar un veto que fuentes del PP califican de «inexplicable».
«Es lo que merecen los valencianos. No vamos a quedarnos de brazos cruzados», señaló la portavoz del PP, quien también desveló que en el control de la próxima semana volverá a ausentarse el presidente del Gobierno, pero que sí estarán Yolanda Díaz y María Jesús Montero, en plena polémica por la tributación del salario mínimo interprofesional.