El Gobierno alcanza un acuerdo con ERC y Bildu para aprobar la ley de vivienda

Se relajan también las condiciones para definir como tensionada una zona, para lo que solo será necesario una de las condiciones establecidas hasta el momento: «Que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o bien que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada». Matute ha llegado a asegurar que con esos requisitos se podría declarar zona tensionada a «todo Euskadi», y no solo a las grandes ciudades vascas.

Aunque todo ello, según han remarcado los portavoces independentistas, quedará al arbitrio de las comunidades autónomas, ya que «nunca en la vida hubiesemos aceptado que el Estado hubiese podido declarar zonas tensionadas en nuestros territorios», ha enfatizado la republicana Vallugera. Preguntados ambos sobre qué ocurriría si comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP), como Madrid o Andalucía, u otras como el País Vasco, donde gobierna el PNV, decidiesen, en el ámbito de sus competencias, no declarar esas zonas tensionadas pese a cumplir los requisito establecidos, la diputada de ERC ha llegado a decir que no es su culpa si en otros territorios «se vota», ha dicho, de una manera distinta. Matute, por su parte, ha dicho que si fuera ciudadano de esas comunidades lucharía para hacer ver que sus gobernantes no priorizan, a su juicio, los derechos de todos los ciudadanos.

Se trata de la última norma estrella que se propone aprobar el Ejecutivo de Pedro Sánchez, quien este mismo jueves, durante un mitin socialista en Cáceres, aseguró que habría acuerdo. El propio Matute, de Bildu, ha aludido a ese anuncio para apremiar a PSOE y Podemos, que tienen mayoría en la Mesa del Congreso, a agilizar los trámites para que la norma vea la luz cuanto antes. La ley de la vivienda comenzó a negociarse a principios de la legislatura, entonces entre el ministro de Transportes (entre cuyas competencias está la de vivienda) José Luis Ábalos y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ambos ya fuera del Gabinete. Se llegó a decir que estaría lista para el año 2021, pero finalmente se ha apurado hasta el último año del mandato. Las sucesoras de ambos han celebrado este viernes el acuerdo. La socialista Raquel Sánchez, en declaraciones a los medios en Barcelona, ha asegurado que con el acuerdo gana la «política del diálogo, del acuerdo, del consenso y sobre todo la política que hace posible avanzar en progreso en nuestro país».

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, cuyo departamento es coproponente de la ley, ha asegurado que se trata de «un día muy emocionante», al admitir que es la norma que más trabajo ha necesitado para llegar a un acuerdo, informa Gregoria Caro. «Esta ha sido la negociación más difícil de sacar adelante de toda la legislatura y teniendo en cuenta cómo ha sido la legislatura, es decir bastante», ha expresado Belarra desde la sede del Ministerio de Derechos Sociales. Por su parte, Yolanda Díaz ha asegurado que «esta ley era imprescindible para nuestro país», dado que, ha aseverado desde Guarda (Portugal), que es de «imposible» acceso para «miles y miles de ciudadanos». Sánchez, por su parte, ha publicado un mensaje en Twitter en el que califica de «histórico» el acuerdo y asegura que con él «reforzamos nuestro estado del bienestar».

Belarra, que es también líder de Podemos, ha metido impronta 'podemita' en sus declaraciones: «Gana la ciudadanía y pierde Blackstone, los fondos buitre y los especuladores. Hoy la mayoría progresista avanza y Joan Clos y la Patronal Inmobiliaria se quedan atrás», en alusión al exalcalde socialista de Barcelona, que ahora dirige esa patronal. Además, ha puesto en valor el «trabajo en equipo» con ERC, Bildu y PSOE.

La ministra no ha dado fechas de un calendario de aplicación pero ha dicho que es «urgentísimo». Ha insistido también en que está «verdaderamente contenta» y «muy satisfecha con el trabajo realizado en los últimos tres años».

El control del precio de los alquileres, ante el desbocado precio de los mismos en las zonas del llamado «mercado tensionado» -fundamentalmente las grandes ciudades de nuestros país, como Madrid, Barcelona o Valencia- y la definición de quién puede ser considerado un gran tenedor de inmuebles, han sido los escollos finales para alcanzar un acuerdo, tanto entre los socios de coalición como entre estos y sus aliados parlamentarios.

Hace una semanas, se conoció a través de 'El País' la propuesta de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, para limitar en 2024 las subidas que puedan hacer los propietarios al 3%, cuando actualmente, y como consecuencia de los paquetes de ayudas aprobados por la guerra de Ucrania y la espiral inflacionista, está en el 2%. En aquel momento, fuentes tanto de ERC como de Bildu lamentaron haberse enterado de la propuesta «por la prensa». Aunque finalmente esa propuesta de Calviño es la que incluye el pacto, de manera demás milimétrica. Un equipo de trabajo deberá establecer cuál es el límite con el que se topa la subida del precio del alquiler a partir de 2025, dado que el límite del 3% regirá para todo 2024.

Por lo demás, la norma establece, en un aspecto que ERC y Bildu han explicado con especial énfasis, que «los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del proietario», así como las cuotas de la comunidad de vecinos, las tasas de basura o «cualquier otro gasto no atribuible al inquilino que no estuviera acordado previamente».

Que el acuerdo se alcance a las puertas de la campaña electoral de mayo para las elecciones municipales y autonómicas no es baladí, dada la importancia del problema del acceso a la vivienda en el ámbito local. ERC y Bildu, en cuyas comunidades no hay el 28 de mayo elecciones autonómicas (Cataluña y el País Vasco llevan otro calendario) se juegan mucho en los comicios que elegirán a los próximos alcaldes, con batallas tan encarnizadas y de tanta envergadura como el consistorio de Barcelona, una de las ciudades donde más caro es el precio de la vivienda.

Los representantes de la oposición han criticado el acuerdo por considerar que no arreglará los problemas de acceso a la vivienda. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado desde San Sebastián que «topar precios, intervenir en el mercado, puede conllevar una disminución de la oferta de alquiler y puede conllevar, al final del periodo, en un incremento de los precios de alquiler como consecuencia de la disminución de los pisos en alquiler. Porque los propietarios, simplemente, en esas condiciones no están dispuestos a poner los pisos a disposición de los ciudadanos». La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha tildado de «comunistas» las políticas de intervención del precio.