El Gobierno vuelve a ceder y desclasifica documentos del CNI sobre el espionaje a Aragonès

Ahora, con la desclasificación, Esteban podrá confirmar si el CNI intervino el teléfono de Aragonès entre junio de 2018 y marzo de 2020, tal y como éste detalló ante el instructor. Época que coincidió con momentos de «especial relevancia política», como la formación del Govern de Quim Torra –del que fue vicepresidente–, las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, así como las de los presupuestos y la Mesa de Diálogo, en las que Aragonès ejerció como «máximo representante de ERC».

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Pablo Muñoz

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Fue el pasado octubre cuando el juzgado admitió la querella de Aragonès por el espionaje con el 'software' Pegasus, de la empresa israelí NSO. Entre 2015 y 2020, hasta 65 políticos y activistas soberanistas habrían tenido su teléfono infectado con el programa espía, según un estudio que publicó Citizen Lab, un laboratorio de la Universidad de Toronto (Canadá). Las sospechas se dirigieron entonces hacia el CNI, ya que este programa sólo se vende a agencias gubernamentales. Tras ello, Paz Esteban, que compareció a puerta cerrada ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, reconoció que sí habían monitorizado a 18 personas, siempre con autorización judicial. Entre los políticos que el CNI admitió haber espiado figuraba Aragonès, pero en la época en la que aún era vicepresidente, durante el mandato de Torra.

El levantamiento del secreto «parcial» –solo de algunos documentos–, que ahora autoriza el Gobierno, permitirá a Esteban confirmarlo ante el juez y explicar, en caso de que lo haga, que la intervención telefónica respondió a razones de seguridad nacional y que fue autorizada por el magistrado del Tribunal Supremo que fiscaliza las actividades del CNI que afectan a derechos fundamentales, como las escuchas.

El equipo jurídico del republicano tenía claro ya el pasado diciembre que el Ejecutivo socialista autorizaría la desclasificación, tal y como informó este diario. Al menos, del auto del magistrado del Supremo para certificar así que la monitorización del teléfono de Aragonès se llevó a cabo con autorización judicial. Un reclamo que, según detalló entonces el propio presidente catalán a su salida de los juzgados, es una «obligación moral y ética» del Gobierno de Sánchez.

«Desde el Govern hacía meses que lo pedíamos, pero no es motivo de celebración. Hoy damos un paso más en la dirección de lo que tocaba hacer desde hace meses», apuntó ayer la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, tras conocer la noticia. Además de esta causa, otros políticos de ERC también presentaron sendas querellas por el supuesto espionaje con Pegasus. En el caso del exvicepresidente del Parlament y actual consejero de Empresa, Roger Torrent, y el presidente del grupo municipal en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, ésta fue archivada de forma provisional. Una decisión del Juzgado de Instrucción 32 de la ciudad, que el Parlament ha recurrido, según indican fuentes jurídicas.

Respecto a la del presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, y la portavoz republicana en el Parlamento Europeo, Diana Riba, estaban a la espera de que los Mossos remitiesen el peritaje de sendos teléfonos ante el Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona. Según avanzó eldiario.es, peritos de la Policía catalana han comprobado que sí estaban infectados.

Además, también está pendiente de declarar el abogado de los republicanos, Andreu Van den Eynde, que igualmente ha denunciado haber sido espiado con Pegasus.

Por su parte, integrantes de la entidad independentista Assemblea Nacional Catalana (ANC) también se encuentran a la espera del peritaje de los Mossos por el supuesto espionaje a cinco de sus miembros. Entre ellos, los expresidentes Elisenda Paluzie y Jordi Sànchez.