La candidatura de Gallardo incumple el código ético del PSOE sobre corrupción

Gallardo está siendo investigado desde hace unos meses por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. El líder de los socialistas extremeños obligó a renunciar a cinco personas que figuraban antes que él en las listas autonómicas para aforarse y ahora está a la espera de juicio oral, previsto para partir del 28 de mayo en la Audiencia de Badajoz. En dicho procedimiento también se está investigando a David Sánchez Pérez-Castejón, que junto al dirigente socialista se sentará en el banquillo de los acusados en el segundo trimestre de 2026.

El Código Ético socialista recoge en su punto 5.9 que «en caso de que se dicte auto de apertura de juicio oral, deberá solicitar la baja voluntaria como afiliado/a y dimitir de su cargo», algo que no ha hecho Gallardo. En este caso, si el afectado no renuncia voluntariamente a la responsabilidad por la que ha sido elegido, incluyendo entre estas la de figurar en una lista socialista, la Comisión Ejecutiva Federal debería haberle suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, »cuando el procedimiento se siga por delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral».

Únicamente «cuando el procedimiento se siga por cualquier otro delito, previamente a la baja voluntaria y dimisión podrá solicitarse a la Comisión Federal de Ética y Garantías, a la vista de la naturaleza de las concretas circunstancias del caso, autorización para mantenerse el cargo hasta la resolución del procedimiento judicial». Una excepción que no es aplicable en el caso de Miguel Ángel Gallardo, ya que los delitos por los que está siendo investigado forman parte de los que supone la suspensión inmediata de su condición de afiliado.

El documento de cumplimiento normativo socialista también recoge que «cualquier persona candidata o cargo público del PSOE, antes de acceder al ejercicio de cualquier responsabilidad, deberá firmar el Compromiso Socialista, en el que declara no haber incurrido en delito alguno ligado a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves, así como conocer y suscribir el presente Código Ético y de Conducta«. En el caso del candidato del PSOE en Extremadura, se da la circunstancia que tendrá que volver a firmar dicho documento cuando asuma su acta de diputado, pocas semanas antes de sentarse ante el juez.

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El retraso en el inicio del juicio, inicialmente previsto para la primera quincena de febrero, a petición de los letrados de las partes, abre la puerta a que Gallardo se pueda librar de ser juzgado en la Audiencia de Badajoz, tal como avanzó este jueves ABC. Una vez elegido en las urnas adquirirá de nuevo su condición de aforado sin la treta que utilizó anteriormente y que fue afeada por los tribunales, de tal forma que su defensa puede maniobrar para dilatar los plazos solicitando que sea la el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el encargado de juzgarle a él y al hermano de Pedro Sánchez.

El TSJEx se declaró incompetente para asumir el caso del secretario general del PSOE extremeño, dejando la causa en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que tras finalizar la instrucción propuso que ambos investigados fueran juzgados en la Audiencia de Badajoz. El tribunal autonómico entendió siempre que Gallardo actuó siempre fuera de la legalidad, con el único propósito de lograr un beneficio judicial al que no hubiera podido acceder sin ser diputado regional.

La elección de Miguel Ángel Gallardo como candidato del PSOE a la presidencia de Extremadura cuenta con una fuerte oposición dentro del propio partido. Son muchas las voces que consideran que el expresidente de la Diputación de Badajoz y exalcalde de Villanueva de la Serena, que ganó las primarias con el 61,78% de los apoyos, con un proceso que dividió la organización, no debería haber concurrido en las listas electorales, mucho menos aún como número uno.

La inmediatez de la convocatoria electoral, pese a los avisos de la presidenta regional, María Guardiola, de que disolvería el parlamento regional si no lograba aprobar los presupuestos autonómicos, dejó al Partido Socialista sin margen para estudiar una candidatura alternativa a la del procesado Gallardo. En algunos círculos del PSOE de Estremadura y de Ferraz se llegó a plantear el nombre del actual ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que es extremeño aunque no afiliado.

Ayer, durante el acto de arrancada de la campaña electoral, Gallardo se mostró orgulloso de la candidatura que lidera de cara al próximo 21 de diciembre. El político procesado declaró, junto a Pedro Sánchez, que «entendemos el sufrimiento que habéis tenido que pasar porque lo estamos viendo y viviendo». Según el secretario general del PSOE de Extremadura, «estamos aquí para que gane la justicia».

El sustituto del desaparecido Guillermo Fernández-Vara aprovechó su intervención para poner en valor el legado de su partido en esta comunidad. Lo hizo afirmando que «ondeamos con orgullo la bandera del PSOE junto a la extremeña porque no se puede entender esta tierra sin el Partido Socialista Obrero Español«. En contrapartida, apuntó que »el PP no puede enseñar la bandera de su partido junto a la de Extremadura porque no han construido nada«.