Bruselas advierte al Gobierno que licite públicamente los peajes de la AP-9 o lo denunciará ante la Justicia europea

Así lo indicó el Ejecutivo comunitario en un dictamen en que insta a España a «respetar las normas de la Unión Europea en materia de contratación pública», refiriéndose directamente a la falta de nuevas convocatorias de licitación para la concesión tanto de la AP-9 como de la AP-66, cuyos contratos se llevan ampliando 25 y 29 años respectivamente en contra de la normativa europea. «Estas ampliaciones constituyen modificaciones sustanciales equivalentes a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, por lo tanto, requieren un procedimiento de licitación», argumenta la Comisión Europea.

Pero el envió del dictamen no se limita a una mera advertencia, ya que desde el Ejecutivo comunitario asegura que España dispone «de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias para ajustarse a los principios de «igualdad de trato y transparencia que subyacen a las normas de la UE en materia de contratación pública». En el caso de no cumplirse con la petición, Bruselas señala que «podría optar por llevar a este Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea», recoge el dictamen.

Sin embargo, desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible respondieron horas después afirmando que recurrirán el ultimátum de la Comisión y agotarán todas las vías de respuesta. Al hilo, fuentes del departamento consultadas por Europa Press indicaron que las políticas del Gobierno central «van en dirección contraria» a mantener los peajes, pese a que ahí siguen, y que responden a los requerimientos de Bruselas por «responsabilidad y para velar por el bien común».

En Galicia, los partidos de la oposición (BNG y PSdeG) celebraron el dictamen de la Comisión, que aprecian como una oportunidad para poner fin a las «irregularidades» y en la prórroga de estas concesiones. «Sabíamos que era una decisión injusta, un agravio, ahora sabemos también que era ilegal», afirmó ayer la líder del BNG, Ana Pontón, que abogó por una AP-9 «gallega y libre de estafa en los peajes».

Por su parte, el PSdeG indicó que el dictamen europeo supone una «decisión fundamental para determinar el coste del rescate» señalando al PP por el agravio que supuso la ampliación de las concesiones para Galicia. Todo ello a pesar de que es su partido el que gobierna y el que recurrirá la medida celebrada por el PSOE galego.