El PSOE se encomienda al PP para desalojar al alcalde de Orense, el 'Alvise gallego'

«Teníamos claro que la propuesta tenía que partir de nosotros», indicó la portavoz socialista en Orense, Natalia González, a través de un comunicado, «una vez confirmada la voluntad política de los demás grupos, entendemos que es el momento de dar el siguiente paso con el traslado de una propuesta firme». «Confiamos en que tanto BNG como PP estarán a la altura, dejarán a un lado las diferencias políticas y pondrán a Orense por delante», concluye la nota.

Los socialistas no plantean condicionantes a la negociación, que cuenta además con el beneplácito de la dirección regional que lidera José Ramón Gómez Besteiro. Pero aunque diversas fuentes reconocen que han existido «conversaciones» entre los grupos, se admite igualmente que no se ha abordado lo realmente importante: quién ocupará la alcaldía y qué tipo de gobierno se construirá. A los socialistas no les duelen prendas en pedir apoyo a los populares. Alegan que la ciudad vive una «situación de excepcionalidad» que lo justifica. Han esperado a después de las Europeas para dar este paso, intentando aislarlo de la contienda electoral. Confían, incluso, en que la dirección federal de Ferraz de luz verde a la operación, inédita en nuestro país en tiempos recientes. En el PSOE orensano dicen ser «moderadamente optimistas».

El PSOE fía el éxito de su iniciativa al consenso existente entre los grupos de la oposición ante la situación gravísima que atraviesa el Concello. Jácome gobierna aún hoy con una prórroga de los Presupuestos de 2020, agotando el remanente de tesorería que se encontró al acceder a la alcaldía –que se estimaba en unos cien millones de euros–, y con impagos en obras públicas y proveedores de varias decenas de millones de euros. La precariedad presupuestaria ha forzado a no abonar complementos salariales de trabajadores municipales.

A ese caos se le añade el que el propio Jácome imprime a su ejercicio del poder, con decisiones arbitrarias que están siendo censuradas por la justicia, como la reciente condena por acoso al interventor municipal. «Su única política es anunciar fiestas», critica la oposición. Incluso estos anuncios tienen trampa: ayer la prensa local informaba de que el alcalde pretendía licitar el contrato para las luces de Navidad, pero que tenía todavía pendiente de pago los 600.000 euros del año pasado. «El Concello está en bancarrota económica», aseguran. Eso, por no hablar de la sombra de corrupción que acecha al alcalde, después de los audios publicados por el diario 'La Región' durante la campaña, en los que se escuchaba a Jácome hablar de «sobreprecios» en obras públicas, supuestas comisiones cobradas a concesionarios, «dinero negro», donaciones presuntamente irregulares a su partido político, «sobornos», comisionistas... El contenido de estas grabaciones está, a día de hoy, en sede judicial.

Las distintas fuentes consultadas reconocen que la operación para descabalgar a Jácome está todavía en una fase muy prematura. Y el problema no son los puntos recogidos en el acuerdo programático presentado ayer por el PSOE –que, de manera un tanto pintoresca, incorpora partes de los logotipos y colores del resto de partidos–, sino en lo realmente importante: cómo se articula la moción. A día de hoy «no está hablado» si se conformaría un gobierno de coalición entre los tres grupos de la oposición compartiendo un programa común previamente pactado; si sólo participarían PSOE y BNG, con el PP dando un eventual apoyo externo; o si los socialistas –con una figura de alcalde todavía sin identificar– asumiría la gestión en solitario del Concello. Demasiadas incógnitas por resolver.

Hay un problema de inicio en el diálogo entre partidos: la negativa del BNG a sentarse con el PP. Ya durante la negociación que hubo antes de la constitución del Concello, tras las últimas elecciones municipales, y que a punto estuvo de fraguar un acuerdo entre PP y PSOE para dar la alcaldía al socialista Francisco Rodríguez, el BNG se negó siquiera a cogerle el teléfono al interlocutor de los conservadores. Aquel proceso descarriló por la falta de garantías que el PP detectó para mantener el gobierno de la Diputación, la institución más importante de la provincia.

La pasada semana, el portavoz nacionalista Luis Seara insistía en su empeño de culpabilizar al PP de la situación que atraviesa la ciudad por haber permitido la investidura de Jácome, y se negaba a participar del «blanqueamiento» de los populares, dudando además de sus intenciones. Contactado por ABC, Seara declinó este martes hacer valoraciones.

El PP, por su parte, anunció en la tarde de este martes su intención de acudir a la reunión del jueves, no sin antes reprocharle al PSOE el «espectáculo mediático» generado. «Desde un primer momento manifestamos no tener ni líneas rojas ni personas o formaciones políticas con las que no quisiéramos sentarnos a hablar», indicaron en una nota enviada a los medios, condicionando la viabilidad de la negociación a que «a la reunión propuesta acudan las tres formaciones» de la oposición. Es decir, que si el BNG da plantón «cualquier conversación sería inútil». Sobre el contenido del pacto, lo valora como «propuestas generales» y espera que no sean medidas «unilaterales cerradas» sino que estén abiertas a una negociación.

No es la primera vez que se intenta desbancar a Jácome de la alcaldía, que ostenta desde las municipales de 2019. Durante la anterior legislatura, en la que llegó a gobernar con solo dos concejales -otros cuatro exediles de su formación lo abandonaron en protesta por su manera de gestionar y con las sospechas de prácticas irregulares-, hasta cuatro formaciones intentaron ponerse de acuerdo para una moción de censura. PSOE, BNG, Cs y PP se sentaron a dialogar en dos ocasiones para articular la destitución del alcalde, sin que fructificara en ninguna de ellas por diversos motivos. Jácome resistió y logró una mayoría simple en las municipales de mayo de 2023. El PP entonces permitió su investidura al votar a su propio candidato y dejar que Jácome resultara elegido, al ser la formación más votada. A cambio, este permitió a los populares conservar la Diputación provincial.