Las enmiendas del PSOE a una ley torpedean las subastas de bienes decomisados a narcos

En la última década, el Servicio de Gestión de Bienes intervenidos al Narcotráfico, que así se llama esta oficina, ha conseguido colocar más de 200 bienes muebles por un valor total de más de medio millón de euros; entre ellos se encuentran coches de lujo, embarcaciones de recreo, narcolanchas –de las que solo se pueden vender los motores– y hasta un tractor de marca Lamborghini. Y una de las mayores ventas, por 156.000 euros, fue la del remolcador del buque MV Karar, interceptado en 2020 con 3,8 toneladas de cocaína.

Este canal de subastas consigue con la venta anticipada de estos bienes muebles –o su cesión a entidades sociales– evitar que se deprecie su valor y que el Estado pueda disponer de estos fondos cuando haya una sentencia firme condenatoria.

Pero toda esa labor podría irse al traste con el Proyecto de Ley Orgánica de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ya superó el trámite del Congreso y ahora está sobre la mesa del Senado. Este proyecto tal vez puede ser, de un modo general, «un paso decisivo para modernizar el servicio público de justicia», como presumió el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Pero puede también torpedear la eficacia de la lucha contra el narcotráfico si sale adelante una enmienda, introducida por el PSOE, que modifica dos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que facultaban a los procuradores, como entidades especializadas, a asumir las subastas de bienes muebles –no de lo inmuebles–, y de hacerlo, además, de forma anticipada.

«Sería un gran retroceso en la lucha contra el narcotráfico, esperemos que entren en razón», explica a ABC Fernando Alonso, gerente e la Fundación Galega contra o Narcotráfico. Javier Carlos Sánchez García, decano del Colegio de Procuradores de La Coruña, corrobora sus palabras. De arrebatársele esa capacidad a esta oficina, pilotada por estas dos entidades y con la que colabora la Xunta de Galicia, el único canal para la venta anticipada de bienes muebles sería la subasta judicial a través del Boletín Oficial del Estado (BOE). Pero es una vía torpe y farragosa, dada la lentitud de la Justicia, que acaba abocando a coches y barcos al desguace. Bien es cierto que este proyecto introduce cambios en la ley para intentar mejorarlo.

El Colegio de Procuradores y la Fundación tratan de moverse para evitar que estas enmiendas que quiere introducir el PSOE en la ley se consumen: han enviado cartas al secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y a todos los grupos parlamentarios expresándole su preocupación por la modificación legal prevista. Les instan a corregirlo en la redacción definitiva «para que no se prive al Estado de este instrumento eficaz» contra los narcos.