La Xunta insiste en los beneficios de la ley del agua para los concellos ante los «errores de bulto» de la Fegamp

La conselleira, en una comparecencia este martes ante los medios de comunicación, no ocultó su sorpresa ante la actitud de la Fegamp, tras una reunión a puerta cerrada «constructiva», «donde entendieron los objetivos de la ley, y que ayuda fundamentalmente a los pequeños concellos ». Es más, algunos de los actores representados en la federación trasladaron que ven la futura norma como «realmente positiva» y «reconocieron los beneficios» que aportará a los municipios de menor entidad y, por tanto, sin capacidad para asumir esta gestión.

La responsable de infraestructuras también desgranó los «errores importantes» en los «cálculos» de la Fegamp en su rechazo a la redacción actual del anteproyecto de ley: se suman tasas excluyentes entre sí, pues no puede gravarse lo mismo dos veces; no se aplican los trechos tarifarios que introduce la nueva norma; y se escoge un «concello tipo» como ejemplo para toda Galicia, algo «totalmente incorrecto».

Vázquez volvió a remarcar que la ley brinda un «apoyo» tanto en la depuración como en el abastecimiento, según las necesidades del concello, «voluntario y opcional», abierto a los 313 municipios gallegos. La Xunta ha estado llevando las riendas de 28 depuradoras y entiende que se trata de un «privilegio», por lo que ahora se busca «un trato igualitario» y una «equidad» .

De nuevo, la conselleira de Infraestruturas ha salido al paso de las acusaciones vertidas desde la alcaldía de Vigo o la Diputación de Pontevedra, al aseverar que «la ley no crea nuevas tasas», sino que «reordena y regula las ya existentes» . Así, el canon de gestión de depuradoras sustituye al coeficiente de vertido; y el canon de gestión de redes, al que venía cobrando el concello, lo mismo que en el caso del canon de abastecimiento. Así, la tasa autonómica sustituirá a la municipal, pero no se gravará dos veces por el mismo concepto.

Desde Infraestruturas se recuerda que el recibo del agua lo emiten los concellos , y que incluyen la recaudación por diferentes conceptos y servicios. Solo una parte los grava la Xunta, recuerdan. La idea de la nueva ley, siempre que un concello solicite sumarse a este modelo, y le entregue al Gobierno gallego la prestación de un servicio que venía siendo municipal, se resume en que unas tasas sustituirán a otras, pero nunca se duplicarán . La Xunta empezará a cobrar por unos servicios que previamente cobraban los concellos.

En el caso del canon de gestión de depuradoras, el importe de la tasa se adapta a lo establecido en las directivas europeas y el Pacto local del agua pactado por Xunta y concellos. Así, se anula la exención de cobro de los primeros litros de consumo , que venían siendo gratuitos (el resto de trechos no experimenta cambios); el impacto mensual será de 90 céntimos para una vivienda de consumo medio, estiman desde la consellería.

Las tasas que cobre la Xunta, además, serán finalistas y deberán ser destinadas a costear la prestación de servicios . En ningún caso Aguas de Galicia podrá destinar a otro fin los recursos que recaude por la gestión del agua. Asunto distinto es si los concellos deciden repercutir en los ciudadanos la cuantía que dejen de percibir al dejar de cobrar una tasa por pasar a estar delegada esa prestación. Ahí la Xunta no puede entrar, por tratarse de una competencia municipal.

Ante los medios, Vázquez ha remarcado que, dado que las competencias en saneamiento de agua son municipales (ley de bases de régimen local), la Xunta se limita a brindar esta ayuda, pero no irá más allá en aquellos concellos que decidan seguir como hasta ahora. Estos pueden manejar otras opciones, como agruparse en mancomunidades o crear consorcios. Eso sí, en las cuencas que recaen bajo su competencia, en caso de que se produzcan vertidos, se seguirán sancionando y enmendando. En estos momentos, hay identificados casi 270 vertidos contaminantes en las rías gallegas , y casi la mitad de las depuradoras de la Comunidad presenta deficiencias en su explotación.

En concreto, según los datos que maneja la consellería, a 28 de septiembre de este año estaban inventariados 1.648 vertidos a las rías. Los más preocupantes, los 243 que están fuera de los parámetros autorizables . A estos hay que sumar 22 en investigación por indicios de contaminación. En total, 265 vertidos de carácter contaminante (y hay que tener en cuenta que, de 2010 a 2020, pasaron de representar el 40% al 16%). A la cabeza, la ría de Muros-Noia, con 63 que no cumplen los límites y seis en investigación; y la de Arousa, con 53 y 12, respectivamente. Esto en cuanto a vertidos. En cuanto a infiltraciones, en el 26% se detectó agua de mar, y en el 31%, agua limpia, lo que conduce a costes innecesarios.

Para la Xunta, la prueba palpable de que la ley es necesaria, porque aportará una «herramienta útil y eficaz a la vista de los problemas detectados». El objetivo «fundamental», subrayó la conselleira de Infraestruturas, es « profesionalizar los servicios y garantizar la cantidad y calidad del agua ». La consellería estima que una explotación conjunta o agrupada supone un ahorro de más del 9% en plantas de tamaño mediano-pequeño.

Fuentes de Infraestruturas defienden que la futura ley es «valiente» , porque se anticipa que se asumirá la gestión en aquellos municipios con problemas por una competencia que les «supera con creces». La voluntad es de ayudar, aunque con condiciones, comenzando por una auditoría de cada red para saber exactamente en qué condiciones se encuentra. Se asume también que el grueso de las peticiones serán para tareas de saneamiento, y que serán contadas excepciones aquellos concellos que también pidan auxilio con el abastecimiento.

También hay cierto malestar con el grado de responsabilidad de concellos que ya tienen la depuración en manos de la Xunta, por el nivel de eficiencia en su gestión de la red. Una actitud de lavarse las manos porque el problema, en último término, está al final, en la depuración. En cuanto a las críticas políticas vertidas al proyecto, se lamenta que «lo fácil» es decir que se introducen nuevas tarifas y se suben los gravámenes , sin conocer el contenido de la norma.