El Poder Judicial aparta a Pilar de Lara y pone fin al caos judicial de la «juez estrella» de Lugo

Los integrantes de la comisión disciplinaria no se han creido la versión que De Lara aportó para justificar los retrasos de sus causas que han acabado por provocar el colapso estructural de su juzgado. Los magistrados la señalan a ella, quien en su día optó por sacudirse la responsabilidad y culpar a los funcionarios, a la falta de medios de la Xunta —acusación negada por la administración gallega, que asevera que la dotó en todo momento de los recursos solicitados— y, ya por último, a otros juzgados de los retrasos que acumulaban sus instrucciones.

De confirmarse la sanción por este órgano, supondrá el fin de una época no ya en Lugo, sino en toda Galicia y el conjunto de España , dada la tendencia de la instructora de desbordar su ámbito jurisdiccional convirtiendo su juzgado en una «pequeña Audiencia Nacional» , un reproche que durante los últimos años fue recibiendo desde distintos estamentos judiciales, cansados de investigaciones interminables, con decenas de imputados, sumarios teóricamente secretos aireados en los medios de comunicación...

Su abogado, Agustín Azparren, confirmó a Efe la sanción. Dado que la misma todavía no se ha redactado, le fue comunicada por vía telefónica, «para que no se enterase por los medios de comunicación», es decir, como han venido haciendo los investigados en sus causas de manera habitual desde hace años . Azparren quiso trasladar la idea de que su cliente recibe una abultada sanción «que no es habitual» porque «lo que se consigue es sacarla del juzgado», y sostuvo su alegato de inocencia: «no hay retrasos injustificados ni desatención».

El artículo aplicado por la comisión disciplinaria se refiere, literalmente, a «la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales» .

Sirvan dos ejemplos de la última semana. Hace apena dos días, De Lara cerraba la instrucción de la denominada «operación Carioca» tras diez años de instrucción. La denominada por algunos «investigación más importante contra la explotación sexual en España» arrojó un saldo paupérrimo: apenas cinco procesados, uno de ellos un guardia civil —el principal acusado— y tres empresarios de clubes de alterne de Lugo. De las cincuenta piezas separadas, treinta quedaron en nada. Solo ruido y olvido.

Otro ejemplo paradigmático. El pasado jueves, la Audiencia de Lugo le obligaba a cerrar la instrucción de otro procedimiento , una pieza separada del otro gran laberinto judicial abierto por De Lara, el «caso Pokemon», en el que más políticos implicó sin que ninguno haya sido condenado por el momento, seis años después de su explosión mediática inicial.

La Audiencia forzó el cierre de la instrucción porque la juez había dictado la última prórroga fuera de plazo , sobre una cuestión que había derivado a otro juzgado con cuatro años de retraso fruto de una inhibición manifiestamente tardía, pieza que le fue devuelta por entender otro juez que los hechos investigados estaban prescritos , pero que De Lara se empeñó en seguir estirando. No es un caso único. Como este, un rosario, ya sea en la « Pokemon », la «Cóndor» o el «Garañón».

Si finalmente abandona el juzgado, el panorama que dejará tras de sí es desolador. Los más de mil tomos de sumarios que se amontonan por los pasillos, la prueba de cargo que sostiene la sanción impuesta por la comisión disciplinaria, son también el plomo que De Lara puso en los pies de políticos que vieron truncada su carrera. En esta década de «macrocausas», la juez acabó con las trayectorias de los alcaldes de Orense y Lugo —Francisco Rodríguez y José López Orozco — o con las aspiraciones del exlíder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, que tuvo que renunciar a la secretaría general del PSdeG tras acumular una decena de imputaciones, algunas de ellas de la época de su antecesor en la Diputación de Lugo .

De Lara intentó disparar también contra piezas de caza mayor , como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo , el exportavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, el exministro José Blanco o la diputada autonómica Paula Prado. Las más diversas acusaciones, desde recibir cajas de vino por Navidad al exceso de celo en la concesión de una licencia, pasando por la entrega de sobres con dinero de concesionarias. Nada de nada, ni un solo indicio, todo tumbado bien por el Tribunal Superior o el Supremo, los únicos baluartes que los aforados encontraron para salvar sus carreras ante la voracidad instructora de la juez.

De las dimensiones del problema que deja en herencia al juez que se haga cargo de su juzgado dio ayer idea el abogado Azparren. «No quiero imaginarlo para el juez al que le toca, empezar a leer instrucciones con más de 130.000 folios, el caos que se puede organizar» , declaró a Europa Press. «El efecto que puede tener, por mucha capacidad que tenga, es ese», ha dicho preguntado por si puede haber un archivo de las causas: «va en perjuicio de las instrucciones».

Dura lex, sed lex.