Suárez, desbordado tras un nuevo fracaso de la tasa de saneamiento

En palabras de Suárez, el consistorio ofreció ayer una imagen «lamentable», prueba de la «miseria de la clase política ferrolana» que atañe al conjunto de los 25 ediles. «Mucha gente se arroga la voz de la ciudad y representan a cinco o seis», destacó airado, momentos después de dilapidar otro intento de poner en marcha la tasa. A su juicio, el resto de partidos se sirven de «cualquier excusa», con tal de «asfixiar al gobierno local».

Parte del estallido del alcalde se centró en la decisión del PP de reclamar un informe al Consello de Contas y al Consello Consultivo sobre la idoneidad de la propuesta. Cuando llegue, abundó Suárez, «pedirá uno de la Santa Sede o de la Iglesia luterana, así hasta el fin de los tiempos». «Es una maniobra de desgaste» , agregó. Mientras, la minoría del gobierno local —sus apoyos se reducen a solo siete concejales— juega en contra de Emafesa. Ferrol en Común cree que la actitud de la oposición sitúa en el alambre a 70 empleados, puesto que la parte privada de la compañía, a cargo del grupo Urbaser, ya dio la voz de alarma sobre un «proceso de liquidación» si el impuesto no está en vigor antes del próximo 21 de noviembre. De momento, Suárez se comprometió a convocar otro pleno «lo antes posible» , pero no confirmó si antes llamará a los grupos a debatir dentro de la junta de portavoces.

Precisamente uno de los sectores más críticos con el gobierno populista de Suárez es la Plataforma por la Remunicipalización de Servicios de Ferrol. Su portavoz, Alexandre Carrodeguas, lo calificó ayer de «indecente» al considerar que «humilla a sus conciudadanos con mentiras». «Utiliza a los trabajadores de Emafesa para meterles miedo», clamó Carrodeguas ante los medios. La asociación cree que el alcalde está detrás de «un chantaje» a la corporación» por afirmar que el voto contrario a la tasa podría conllevar sanciones legales. La mejor alternativa, sostienen, es «el rescate de la concesión», puesto que el ayuntamiento conserva el control (51%) sobre el capital de Emafesa.

Por su parte, los trabajadores adivirtieron que la disolución de la compañía es el «peor» escenario posible . Así lo reconoció José Espiñeira, portavoz del comité de empresa y sindicalista de la CGT, que apuntó igualmente que la constitución de una nueva sociedad mercantil es una alternativa bloqueada por la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. La otra vía, de la integración en el organigrama del Concello, supondría automáticamente que plantilla tendría que «opositar» para mantener su actual puesto de trabajo.

Espiñeira aprovechó su intervención durante el pleno para reclamar al gobierno y a los partidos de la oposición que definieran «su intención clara» respecto a la tasa, y que las disputas políticas no interfirieran en el futuro laboral de los empleados. Para ello, el sindicalista propuso que se levante la suspensión del antiguo impuesto.