Valoraciones de discapacidad

Los sindicatos censuran que personal del Sergas asuma las evaluaciones

Anuncian acciones contra el convenio entre Sanidade y Política Social y reclaman un refuerzo con personal propio

Atención a una persona dependiente FOTOLIA

ROCÍO LIZCANO

01/08/2017
Actualizado 02/08/2017 a las 10:00h.

Las organizaciones sindicales representadas en el comité intercentros de la administración anunciaron ayer que explorarán las acciones legales a su alcance para tratar de frenar la asunción de valoraciones de grado discapacidad por parte de personal facultativo del Sergas , ajeno, por tanto, a ... las plantillas de servicios sociales. A su juicio, el convenio de colaboración suscrito entre las consellerías de Política Social y Sanidade para reforzar los equipos de valoración mediante la inscripción voluntaria de facultativos del Sergas representa un incumplimiento del real decreto que regula el procedimiento de evaluación de discapacidad, en tanto que los equipos, advierten, deben estar compuestos «al menos por un médico, un psicólogo y un trabajador social utilizando criterios interdisciplinarios».

La «encomienda de gestión externa» a los profesionales del Sergas, sostienen las organizaciones sindicales, se traducirá en una pérdida de objetividad de los informes, «que no podrán ser contrastados por los órganos de valoración», y dejará a los trabajadores de los equipos de valoración y orientación de Política Social (EVO) en una situación de inseguridad, en tanto «no se puede exigir a unos profesionales que validen un trabajo que no realizaron» .

Las centrales consideran la iniciativa de la Xunta un «parche» a la debilidad de las plantillas propias y reclaman «la cobertura inmediata de todos los puestos vacantes», así como «la creación de todos aquellos que sean necesarios».

Encaje normativo

La Consellería de Política Social, que ha reservado una partida de 360.000 euros entre este año y el siguiente con la que retribuir las valoraciones efectuadas por profesionales del Sergas, enmarca este convenio en el entorno de colaboración e integración de los servicios sociosanitarios y defiende el encaje de la fórmula en la orden autonómica de noviembre de 2005 .

Dicha normativa, apunta el departamento que encabeza José Manuel Rey Varela, «dispone que el órgano superior con competencias en materia de discapacidad establecerá el procedimiento por el que, con base en las circunstancias especiales de la persona interesada, el órgano técnico de valoración pueda formular su dictamen en virtud de los informes médicos, psicológicos o, si es el caso, sociales, emitidos por personal profesional autorizado, sin reconocimiento directo del personal técnico de valoración». Con base en esta previsión ya incluida en la orden autonómica, expone Política Social, y con el objetivo de «agilizar la emisión de los dictámenes» , se «considera procedente establecer fórmulas de colaboración con la Consellería de Sanidade y el Sergas».