Pilar de Lara, en una imagen reciente
Pilar de Lara, en una imagen reciente - EFE
TRIBUNALES

La secretaria del juzgado atribuye a Pilar de Lara el caos en la instrucción de la «Pokemon»

La funcionaria responde a la juez que la formación de la causa se hizo siguiendo sus instrucciones, y desmonta así el argumento que De Lara empleó ante el CGPJ para culpar a terceros del desorden procesal

SANTIAGOActualizado:

No, no era culpa de terceros. La letrada de la Administración de Justicia adscrita al Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo, que dirige Pilar de Lara, acaba de echar por tierra buena parte de las justificaciones dadas por la juez ante el Consejo General del Poder Judicial para explicar el monumental caos de sus instrucciones, principalmente en la macrocausa «Pokemon». En una resolución del pasado 20 de mayo, a la que ha tenido acceso ABC, la funcionaria se sacude los reproches de De Lara en un escrito anterior y manifiesta que «la formación de la instrucción se realizó bajo las órdenes directas» de la juez, «bajo cuyo poder se encontraba la tramitación» de la causa. Es la respuesta de los trabajadores de la oficina judicial a la instructora, que vieron como para intentar salvarse a ella misma durante el proceso de incoación de expediente sancionador por parte del CGPJ buscó derivar la responsabilidad del laberinto de su juzgado en terceras personas, en lugar de asumirla en primera persona.

El origen del desencuentro entre letrada y juez se sitúa en un requerimiento de De Lara, mediante el que reclama a la funcionaria que se proceda «a la adecuada formación del procedimiento» en la causa 335/2014, la pieza separada que investiga dentro del entramado de la «Pokemon» a la empresa Vendex. «El soporte digital de la causa no esté debidamente formado, toda vez que solo figuran escaneados y digitalizados 92 tomos, de los existentes, no figurando grabados ni los CDs aportados y unidos a la causa ni tampoco las declaraciones que se han ido realizando», reprocha la instructora a su secretaria judicial, toda vez que esto «ha sido comprobado personalmente por esta magistrado».

Se trata de una censura explícita a esta trabajadora, que es de facto la encargada de incorporar al sumario la labor instructora del juez. Y la trabajadora estalla. «La formación de autos, de ordinario, se practica por el orden cronológico por el que acontece el hecho procesal», explica la letrada en su diligencia, «extremo que no se ha respetado en el presente proceso, por causas varias y ajenas a esta Letrada», nuevo dardo directo a De Lara.

Además, advierte que la petición de la juez «no se puede cumplimentar» ya que la causa «ya ha sido formada, foliada, digitalizada e incluso inhibida a un Juzgado Central de Instrucción», órgano que el pasado febrero se declaró incompetente para asumir la pieza. De hacerse, señala la funcionaria, se produciría un añadido de nuevos tomos a la causa que solo serían una reordenación de los ya existentes, «los cuales no sufrirán modificación alguna». La letrada avisa además de que desde el 25 de abril hay planteada una cuestión de competencia sobre esta causa ante el Tribunal Supremo —fruto del rechazo de la Audiencia Nacional para asumirla— y que la enésima prórroga de instrucción finaliza el 6 de junio.

La culpa, de otros

La sonora contestación de la letrada de la Administración de Justicia se explica en el contexto que la propia Pilar de Lara fabricó para exculparse ante el Poder Judicial por el caos que reina en su juzgado desde hace años. Según recogía el pliego de cargos de la comisión disciplinaria del CGPJ, «fue la propia magistrada la que puso en cuestión el rendimiento de determinados profesionales, especialmente el del Letrado de la Administración de Justicia de refuerzo, al que atribuyó la comisión de graves irregularidades», las cuales la juez «no fue capaz de detectar hasta el cese de aquél, pese al significativo y alarmante retraso que acumulaban la totalidad de las denominadas macrocausas».

Pero al tiempo que el CGPJ reconocía que algunos integrantes de la oficina judicial pudieron actuar «de manera injustificada», ponía en valor que el juez de adscripción territorial (JAT) que durante año y medio se destinó a Instrución nº1 «alcanzó con esos mismos medios personales y materiales unos rendimientos profesionales notables o sobresalientes, mientras que la expedientada presentó unos guarismos alarmantemente bajos pretextando falta de medios». Para la comisión disciplinaria, la realidad del juzgado era «una patente y manifiesta desatención (...) para la que no puede servir de excusa o justificación ni la escasez de medios materiales o tecnológicos, ni la falta de experiencia o de preparación del personal auxiliar al servicio del Juzgado». «Cabría apreciar incluso un abandono selectivo o interesado en el despacho de determinados asuntos», añadían.

Tras la notificación de la sanción de siete meses y un día de suspensión de funciones el pasado 11 de abril, Pilar de Lara está pendiente de que el pleno del CGPJ resuelva en las próximas semanas su recurso de alzada. En caso contrario, la sanción será ejecutiva y perderá su plaza como titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo, aunque tendrá todavía la opción de plantear recurso contencioso-administrativo a la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Su abogado, Agustín Azparren, ha llegado a afirmar que, de ratificarse la sanción, apelarían incluso a los tribunales europeos.