Nueva cuenta atrás en Alcoa

Las reuniones entre Alcoa y el Gobierno central se mantienen de «manera discreta y razonable» , explican fuentes de la multinacional del aluminio. El traspaso de la planta a la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) comenzó a fraguarse el 22 de enero. En esa fecha los trabajadores decidieron poner fin a tres meses de huelga a cambio de que comenzasen las conversaciones. Alcoa aceptó, forzada en cierto modo por la Justicia que un mes antes había declarado nulo el ERE previsto en San Cibrao y la había acusado de «mala fe». Desde entonces no han trascendido grandes avances. El pasado 4 de febrero, Alcoa remitía al Ministerio su propuesta con las condiciones generales (term sheet) para traspasar la factoría a la SEPI. « Al día de hoy estamos esperando recibir una respuesta» , explicaba recientemente el presidente de Alcoa España, Álvaro Dorado, en una carta a la plantilla.

Sobre el proceso de venta han aparecido algunos nubarrones. La idea del Gobierno es comprar la planta a Alcoa para después venderla a Liberty House. Pero la quiebra de Greensill, el principal financiador del grupo de aluminio británico, ha sembrado dudas sobre la solvencia de la multinacional de Sanjeev Gupta. Otro de los puntos que parecen estar complicando la transacción son las condiciones exigidas por Alcoa. Como ya habían ofrecido cuando negociaban directamente con Liberty, los estadounidenses están dispuestos a cerrar la operación a cambio de un euro . Además de este precio simbólico, se comprometen a poner dinero encima de la mesa para las inversiones necesarias en el futuro. Pero en el term sheet Alcoa deja claro ahora a través de una cláusula de responsabilidad que tendrá inmunidad si hay problemas en el futuro . «Es completamente habitual en este tipo de operaciones acordar limitaciones de responsabilidades al vendedor», subrayó Álvaro Dorado a los trabajadores. Fuentes de la multinacional indican que estas garantías ya se habían propuesto en negociaciones anteriores, pero desde el comité de empresa explican que ahora se «especifica un poco más la inmunidad».

La exigencia llega después de los problemas judiciales a los que se podría enfrentar Alcoa tras la venta de sus plantas de La Coruña y Avilés . Los estadounidenses se las traspasaron al fondo de inversión suizo Parter, que poco después las vendió al Grupo Riesgo. La Audiencia Nacional está investigando la operación ante la sospecha de que Riesgo podría estar desmantelando la factoría de forma fraudulenta. La causa, que sigue abierta y con secreto de sumario, acarreó la entrada de agentes de policía de la UDEF en las factorías gallega y asturiana y la detención de algunos responsables y testaferros del Grupo Riesgo . Alcoa figura también como investigada en el proceso. La Policía registró la oficina de la multinacional estadounidense en Madrid, reconocen fuentes de la compañía, para precisar que están colaborando con la Justicia.

Con las negociaciones en punto muerto, a los sindicatos comienza a acabárseles la paciencia. «Si el Ministerio incumple su palabra tendremos que volver a las movilizaciones», explica el presidente del comité de empresa de San Cibrao, José Antonio Zan, de CCOO. A través de un comunicado, la CIG también pedía esta semana retomar las protestas y además hacerlo antes del 30 de abril a la vista de que no se cierra el traspaso al Estado . «A punto de acabar los tres meses de plazo establecido para el segundo proceso de venta, no se ve ningún avance en las intenciones del Gobierno de adquirir a través de la SEPI la fábrica», apunta el sindicato nacionalista . «Hasta ahora ni siquiera respondió a las condiciones de venta (term sheet) presentadas por Alcoa en febrero, paso inicial de la negociación», continúa. La CIG considera que la presión debe comenzar cuanto antes y rechaza fiarse de la «buena voluntad de unas administraciones, Xunta y Estado, que ya nos han más que defraudado». El Gobierno gallego lleva semanas instando tanto al Ministerio como a Alcoa a que cierren la negociación . Ayer en una entrevista a la Radio Galega, era el vicepresidente Alfonso Rueda el que insistía en la cuestión. Alcoa debe de dejar de jugar a una «partida de ajedrez» con el Gobierno y ambas partes tienen que ponerse de «acuerdo cuanto antes» para que «se cierre ya» la venta de la planta de San Cibrao a la SEPI, apuntó Rueda.

La multinacional estadounidense prosigue con su intención de desprenderse de la factoría de San Cibrao, pese a los buenos resultados cosechados en el primer trimestre. Entre enero y marzo, todo el grupo registró un beneficio neto atribuido de 175 millones de dólares (146 millones de euros). La cifra representa un incremento del 119% respecto del resultado de 80 millones de dólares (67 millones de euros) del primer trimestre de 2020. Desde el comité de empresa recuerdan que la situación del mercado del aluminio es ahora mucho más favorable que hace unos meses. «El precio del aluminio es de los mejores de los últimos años y el de la energía está algo más estable . Todas las justificaciones que dieron sobre que el ERE era necesario por una situación estructural son mentira», explica Zan. El presidente del comité asegura que la planta da en estos momentos beneficios. Fuentes de Alcoa subrayan, sin embargo, que su previsión «sigue siendo» que San Cibrao tenga pérdidas en el conjunto del ejercicio de 2021 , y que también se anotó números rojos en el primer trimestre. En cualquier caso, evitan trasladar los datos concretos porque la compañía «no suele» darlos «individualizados» para cada centro.