La justicia obliga a Carmela Silva a convocar un pleno por el ‘caso cuñada’

En la sentencia, la titular del juzgado pontevedrés expone que «no constituye función de este órgano jurisdiccional determinar (...) si el acuerdo impugnado es o no conforme a derecho y si el Pleno de la Diputación tiene o no competencias para asumir en un pleno extraordinario el asunto» que propuso el PP, «sino si la desestimación de la celebración del Pleno extraordinario vulnera el derecho fundamental» de participación política. Y concluye que la resolución de diciembre de 2021 impugnada por el PP, que denegaba la petición de convocar el pleno, « afecta al núcleo básico de la función representativa de los diputados provinciales, puesto que se han perturbado y restringido las atribuciones básicas y esenciales» que les corresponden.

Los diputados provinciales, añade la magistrada, «tienen derecho a que se debatan las cuestiones que versen sobre el control y fiscalización de los órganos de gobierno de la Diputación y, por tanto, de su Presidenta, ya que constituye expresión del derecho fundamental de participación política». «Negarse a admitir la celebración de un Pleno y debatirla (...) afecta al derecho fundamental a participar en los asuntos públicos », abunda. El argumento esgrimido desde la Diputación es que el PPpretendía «encauzar una moción de censura encubierta» y alegaba «abuso de derecho en base a la falta de competencia y ajenidad material en relación a las competencias locales». El Ministerio Fiscal también estimó que era procedente desestimar la demanda de los populares, al entender que «pretende instar a un tercero (...) a ejecutar un acto personalísimo» excedía el ámbito de la normativa a considerar.

La magistrada apunta que ha de ser en el «desarrollo del Pleno», llegado el caso, donde se establezca que «el mismo está carente de competencia»; y, de ser así, habrá de ser en ese foro «donde se ponga de manifiesto tal circunstancia, debatiéndose al respecto y acordándose lo que proceda ». «Lo que en ningún caso procede en derecho es impedir la celebración de un Pleno que reúne los requisitos formales», apostilla, «bajo el pretexto de que el acuerdo que pueda adoptarse será nulo». Impedir que se celebre siquiera «supone cerrar la posibilidad» de debatir y adoptar acuerdos. Igualmente, rechaza como argumento que en 2019 ya se planteara una moción de censura con el mismo trasfondo, el ‘caso cuñada’, que «resultó infructuosa».

El grupo provincial del PP en Pontevedra se congratuló por que la justicia les hubiera dado la «razón», con una sentencia que «dice basta ya» y que Silva « tiene que salir de su escondite» y convocar el pleno , pues «no puede permanecer más tiempo callada». Y que les reafirma en que la presidenta del PSdeG «no puede permanecer un día más al frente» de la Diputación. «Está totalmente desacreditada, tiene que dimitir», expuso Cubela en rueda de prensa. «No lo dice el PP, lo dice el sentido común y la ética y la moral».

Cubela vio en la sentencia un «varapalo» no solo para Silva, sino también para el PSOE de Vigo y el BNG (socio provincial), que guarda igualmente silencio. Pero el PPno solo se siente respaldado en su objetivo de que haya asunción de responsabilidades: entienden que la sentencia también viene a «reconocer» la «obstrucción» y los «obstáculo», « más propios de regímenes políticos totalitarios », que sufre la oposición en Pontevedra. Este jueves los populares volvieron a instar a Silva a que cuente la verdad de «quién está detrás» de la trama corrupta. «Esta tomadura de pelo», sentenció Cubela, «tiene que acabar».

La Diputación de Pontevedra, que tiene ahora la pelota en su tejado, puede interponer recurso de apelación . Silva se pronunció veladamente en sus redes sociales, con un mensaje acompañado de la imagen de una flor: «La edad me ha hecho muuuuuuy paciente».