Abogacía del Estado: «Recuperar Meirás será un acto de justicia legal, pero también histórica»

A lo largo de más de dos horas, Suárez ha expuesto extensamente los argumentos ya recogidos en su demanda, abundados con algunos de los testimonios de testigos y peritos. La Abogacía no solo defiende una usucapión por parte del Estado entre 1938 y 1968 para adquirir la propiedad, sino que también niega la validez de los títulos de propiedad de Franco, tanto la donación recibida en 1938 como la compraventa posterior de 1941. «Sus títulos son nulos, el primero por defecto de forma, el segundo por simulación absoluta» . Sobre los fondos logrados por la Junta Pro-Pazo para comprarle Meirás a los herederos de Pardo Bazán, Suárez ha resaltado que la sucripción popular se produjo en un contexto de «coacción ambiental». «Los ciudadanos no contribuyeron libremente», ha sentenciado.

Suárez interpreta que la voluntad de la Junta y de los notables que la componían era donarle el Pazo a Franco dada su condición de mandatario, y «para que en La Coruña se estableciera una sede de la Jefatura del Estado» por los «beneficios» que ello reportaría a la ciudad o a ellos mismos. «La propia forma en que se expresan los documentos [de 1938] es indicativa del carácter institucional que se le da a los mismos». «La única posibilidad de que este negocio tenga causa lícita es entender que se trata de una adquisición del Estado», y si «un gobernante pretende apropársela, no puede tener el amparo del derecho» . La Abogacía ha puesto como ejemplos varios regalos hechos al Rey Juan Carlos, como el yate Fortuna o la finca de la Mareta, que sin embargo son patrimonio nacional. Además, rechazan la teoría de la defensa de la familia de que la escritura de 1941 se realizó para subsanar defectos en la donación de 1938, y califican a la primera como «un negocio simulado».

La Abogacía ha destacado también que «en Meirás todo, absolutamente todo, desde las más relevantes hasta las más nimias inversiones se hicieron con fondos públicos , incluidos los de mera habitabilidad». «Si esto fuese propiedad privada, lo lógico es que los gastos inherentes a la habitabilidad los asumiese el propietario». En su opinión, «el Pazo se ha gestionado como una propiedad pública», y quien ha «exteriorizado actos posesorios» sobre el mismo fue el Estado, frente a los que pudiera haber realizado Franco, «que fueron irrelevantes». Respecto a los pagos del IBI, Javier Suárez admite que la documentación aportada por la familia «acredita que hay recibos a nombre de Francisco Franco», pero «no hay un solo documento que acredite el pago, ni un recibí, ni un apunte contable». Que Franco pagara los seguros del inmueble «nos parece un tanto pobre» como exhibición de «actos posesorios» frente a los «actos inequívocos» de la Administración.

Como hace en su escrito de demanda, la Abogacía mantiene que los herederos de Franco nunca pudieron recuperar la propiedad por usucapión, ya que al haber usucapido el Estado el Pazo previamente, este se habría incorporado como bien de dominio púbico, circunstancia que es imprescriptible, y rechazó la teoría de los demandados de la desafectación tácita, «porque la tendencia de la legislación es de prohibir» esta práctica. Suárez ha negado incluso que los Franco poseyeran el inmueble entre 1982 y 1990 , todavía devastado tras el incendio de 1978. «La única situación posesoria es la que realiza el guarda hortelano, que es un funcionario público, colocado por la Administración que es quien le paga», ha apuntado, «estamos esperando que alguien nos diga a qué obedecía que hubiera un funcionario público en Meirás», que han desvinculado de los «posibles privilegios» de que pudiera gozar Carmen Polo como viuda del Jefe del Estado.

Por último, Suárez ha negado un «retraso malicioso» del Estado a la hora de reclamar el Pazo como público. «El tiempo de las acciones es el tiempo de la historia», ha expuesto, justificándolo en la evolución del desarrollo de la democracia en España y la madurez de la sociedad para aprobar legislación como la de Memoria Histórica, insistiendo en que esta vista no es un juicio al franquismo. «Meirás debe volver a manos públicas porque fue adquirido, rehabilitado y mantenido con dinero de los ciudadanos, en unas determinadas circunstancias y para que se dedicara al servicio público», ha resumido, «Franco se apropió del bien debidamente y ese acto no debe ser amparado por un estado de derecho» .

Los abogados de la Xunta, los concellos de La Coruña y Sada y la Diputación Provincial han reiterado los argumentos prevamente expuestos por la Abogacía del Estado. Tras un breve receso, la defensa de los Franco retomará la sesión para exponer sus conclusiones.